Un día como hoy de hace 21 años ocurrió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, un evento que marcó un antes y después en la política mexicana.
El 7 de abril del 2005, López Obrador, quien fungía como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, enfrentó un proceso impulsado por la Cámara de Diputados para retirarle el fuero constitucional para ser procesado penalmente por un desacato judicial relacionado con la construcción de una calle que conectaría al Hospital ABC, que atravesaba un predio conocido como El Encino -un terreno privado ubicado en la zona de Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa- y cuyo dueño se encontraba en disputas con el Gobierno del Distrito Federal por la extensión que le correspondía y la que el gobierno ya había expropiado en el año 2000.
A partir de la expropiación gubernamental, el dueño de El Encino, Federico Escobedo, comenzó un amparo y una serie de denuncias, entre las que se incluía al gobierno capitalino, para recuperar el terreno. En 2004, la administración del DF había tenido éxito en la expropiación de 20 hectáreas del predio La Mexicana, cuya propiedad se proclamaba Escobedo aunque no contaba con ningún título o escritura, y el cual formaba parte de un camino que también daba acceso al Hospital ABC.
El dueño de El Encino, Federico Escobedo, había conseguido un amparo para la suspensión provisional de las obras pero no fue respetado por el gobierno capitalino, argumentando que era una obra de interés público. A pesar de que las obras se suspendieron, la acción fue considerada como un desacato a la orden judicial, lo que llevó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) impulsar un proceso de desafuero contra López Obrador, el cual fue apoyado por el presidente de la República en ese momento, Vicente Fox Quesada, y por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
El desafuero fue aprobado en la Cámara de Diputados con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, lo que reflejó la polarización política del momento: la administración del presidente Vicente Fox y sus simpatizantes de sectores empresariales y políticos buscaban frenar el ascenso político de López Obrador, quien lideraba las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2006.
En su comparecencia ante la Cámara Baja, AMLO denunció el proceso como una maniobra política orquestada desde Los Pinos y acusó al presidente Fox y a otros personajes políticos de degradar las instituciones democráticas. También defendió su inocencia, enfatizando que el verdadero motivo detrás del desafuero era impedir su participación en las elecciones presidenciales.
Lejos de debilitarlo, este episodio fortaleció su figura pública y lo posicionó como un líder opositor clave, consiguiendo el apoyo de la población en protestas y manifestaciones, siendo una de las más importantes la famosa Marcha del Silencio, una manifestación masiva y pacífica convocada por él mismo el 24 de abril del 2005, para protestar contra la “injusticia política” que significaba su desafuero. A esta marcha asistieron entre 500 mil y 1 millón de personas, quienes salieron hacia el Zócalo capitalino en completo silencio y orden, tal y como se hiciera en 1968.
A pesar de los intentos por descarrilar su carrera política, López Obrador logró librarse de este proceso legal. Se encontraron diversas faltas o violaciones procesales y los medios internacionales expresaron su opinión en contra del desafuero, lo que llevó a que, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, renunciara a finales de abril. Su reemplazo, Daniel Cabeza de Vaca, decidió no ejercer acción penal contra AMLO, argumentando que el caso no era suficientemente grave como para justificar un juicio penal. Así fue como logró contender libremente por la presidencia en 2006, y aunque no ganó en ese proceso electoral ni en el de 2012, su popularidad entre las y los mexicanos lo llevó a ganar la presidencia en 2018.
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