
El pasado 6 de junio, México vivió un episodio inédito en su historia institucional: la primera elección de representantes del Poder Judicial. A pesar de sus limitaciones normativas y su carácter incipiente, el proceso encendió un debate nacional que ya venía en marcha: ¿deben los jueces, magistradas y ministros ser elegidos por voto popular? En medio del debate y ese cuestionamiento constitucional, sobre la eventual, atípica y primer ejercicio electoral judicial; se convirtió en un laboratorio político y comunicacional. Por primera vez en el país, figuras judiciales compitieron en un terreno tradicionalmente político, con campañas (aunque muy limitadas), uso de redes sociales, exposición pública y estrategias en busca del voto. Lo que en teoría sería una contienda técnica, sobria y basada en una argumentación de profesionales, terminó por adoptar (imitar) las formas, ritmos y “lógicas” de la arena electoral “actual”. Así, entre TikToks, “marketing casero”, narrativas exageradas o controversiales, vídeos cómicos para las redes sociales para atraer la atención y hacerse virales, jingles con ritmos de banda y hasta personajes enmascarados con discursos en material judicial; se desdibujaron las fronteras entre justicia y política
En ese sentido, éste fenómeno no debe analizarse únicamente desde la legalidad o la legitimidad del proceso. Requiere una lectura crítica desde la comunicación política (ComPol): ¿está preparada la ciudadanía para evaluar perfiles no solamente de la clase política, sino ahora también judiciales?, ¿las y los aspirantes estuvieron preparados para comunicar su experiencia de forma efectiva sin convertirse en “influencers” judiciales?, ¿cómo se comunicaron las candidaturas judiciales?, ¿qué imagen proyectaron?, ¿qué tipo de narrativa intentaron construir?, y sobre todo, ¿por qué, en lugar de construir un nuevo lenguaje cívico-jurídico, optaron por replicar el estilo de la clase política actual en México?
Derivado de lo anterior, éste artículo no busca resolver si deben o no votarse las y los jueces. Más bien, indaga en explorar lo que este primer ejercicio comunicacional nos dice sobre el estado actual de la democracia, la justicia y la ciudadanía en México. Porque lo que está en juego no es solo la independencia judicial, sino el sentido profundo de lo público: ¿podemos seguir confiando en la justicia cuando esta entra a competir con las reglas del espectáculo?
Asimismo, en lugar de marcar una diferencia en la forma de hacer campañas con la política actual, muchas campañas judiciales se convirtieron en un eco más del ruido electoral. Esto no solo traiciona la vocación de neutralidad e imparcialidad del Poder Judicial, sino que desorienta a la ciudadanía. ¿Cómo evaluar a una persona juzgadora si actúa como cualquier persona candidata más de la clase política?, ¿Cómo distinguir la experiencia judicial real de la simple autopromoción digital?
Frente a eso, en lugar de copiar las fórmulas de la política de siempre, esta elección pudo ser una oportunidad para mostrar algo distinto: personas candidatas que hablaran con honestidad sobre su trabajo, que explicaran con palabras sencillas qué hace un juez o una jueza, y que compartieran su experiencia de forma clara y cercana. Hizo falta escuchar narrativas independientes y diferentes, que no buscaran “likes”, sino confianza ciudadana. En algunos casos, hizo falta que explicaran cómo han trabajado por la justicia y cómo planean mejorarla, en vez de prometer lo que no pueden cumplir. También faltó claridad, educación cívica y un compromiso real por rendir cuentas. En resumen, lo que se extrañó fue una verdadera actitud ciudadana desde el Poder Judicial. Es decir, se extrañó la ciudadanía judicial.

La toga, el TikTok y el futuro
Luego entonces, si algo quedó claro en esta primera elección judicial es que el Poder Judicial no está exento del tsunami comunicacional que está transformando la política en un espectáculo. La toga ya no protege del juicio público y las redes sociales no distinguen entre personas ministras y tiktokers. La justicia ha entrado al territorio de la Compol, lo quiera o no.
Y aunque podría pensarse que esto democratiza el sistema, también impone desafíos inéditos: ¿cómo mantener la imparcialidad si hay campañas de por medio?, ¿cómo evitar el populismo penal?, ¿cómo comunicar lo técnico sin caer en lo superficial?
Sin duda, las elecciones judiciales (si continúan) deben abrir la puerta a nuevas formas de ciudadanía democrática, no a la copia de fórmulas gastadas. Lo que se necesita no son jueces y juezas “influencers” ni togados haciendo promesas desde Instagram, sino operadores de justicia capaces de explicar su función con rigor, cercanía y ética.
Si el sistema insiste en convertir a la justicia en una competencia por el voto, al menos deberíamos exigir que esa competencia esté guiada por la pedagogía cívica, el profesionalismo y la transparencia, no por los mismos reflejos que hoy hacen de la política un espacio cada vez más cuestionado por la desconfianza, su falta y autenticidad y simulada cercanía y el desgaste público.
Porque si la justicia se convierte en otro producto más para venderse en redes, entonces ya no será ciega, pero sí influenciable.
BIO
Luis Roberto Plasencia Rodríguez es politólogo y administrador público por la UNAM, cuenta con una Máster en Comunicación Política Avanzada en Madrid. Con más de 14 años de experiencia, ha destacado como estratega en campañas políticas, asesor electoral, operador territorial y creador de contenido para redes sociales. Además de especialista en administración municipal y derecho electoral, su trayectoria refleja un firme compromiso con el fortalecimiento del quehacer político y el desarrollo de México. (@Robertoplasenci)

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