La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
También se modificarán el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La ley contempla la definición a nivel nacional de un tipo penal de extorsión, estableciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar con penas de hasta 25 años de prisión.
Penas básicas y agravantes
La pena básica irá de 6 a 15 años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico».
Además, se consideran 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, cuyas sanciones se van aseverando, dependiendo del acto.
Los castigos se elevarán de ocho a 20 años de prisión en casos como cobro de piso o cuando la extorsión se dirija a quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras, de servicios públicos o privados, o se cometa a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.
Las penas alcanzarán de 12 a 22.5 años de cárcel por extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años y mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.
En caso del uso de violencia física, exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito o en algún objeto de propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional, la pena irá de 10 a 25 años.
Debate en el Pleno
El ajuste más relevante sustituyó la pena planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba de 10 a 20 años de prisión para funcionarios públicos que, aunque tengan atribuciones en materia de seguridad y procuración de justicia, no denuncien casos de extorsión ante el Ministerio Público. Con la reducción, el rango quedó definido de 5 a 12 años para servidores públicos y hasta 15 años para público en general. Asimismo, la muta sería de 600 a 3000 UMA.
La decisión fue impulsada por legisladoras y legisladores de Morena, PT y PVEM. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, planteó dicha propuesta y, al respecto, el líder de la bancada del PAN, José Elías Lixa, retó a Morena y aliados a elevar las penas para los extorsionadores en vez de reducirlas a los servidores públicos.
Yo estoy de acuerdo en una cosa, en que los cómplices del gobierno tengan la misma pena que los extorsionadores en términos generales. Pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general, porque hay estados de la república que hoy tienen mayores penas que las que les están poniendo en este código; ¿pues no que querían endurecer la ley?”, señaló.
Finalmente, otro de los cambios quedó precisado en el artículo 26, que prevé la reparación del daño a las víctimas será con cargo a los recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio, sin afectar los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno federal o de las entidades federativas.
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