El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, además de modificar cinco ordenamientos para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de dicho delito, así como sus conductas agravantes y vinculadas, las sanciones, los estándares y protocolos para su investigación.
Fue aprobado por unanimidad con 110 votos el dictamen que modifica los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales y las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En lo particular fue aprobado con 95 votos a favor y 12 en contra, con incorporaciones de modificaciones presentadas por los morenistas Martha Lucía Micher Camarena e Ignacio Mier Velazco. La primera reserva incluye la precisión en los artículos 3, 33 y 41 para incluir la perspectiva de género en la atención a víctimas de extorsión. La segunda modifica el artículo 17 para aumentar las penas cuando las extorsiones sean a través de medios electrónicos o digitales.
La reforma contempla que las fiscalías cuenten con unidades especializadas para la investigación del delito de extorsión, así como la homologación de criterios y procedimientos penales para que toda conducta extorsiva reciba el mismo tratamiento a nivel federal.
También aumenta el umbral de la pena en un rango de 15 a 25 años, de 10 a 20 años para servidores públicos que se abstengan de denunciar el delito y de 6 a 12 años para quien funja como cómplice y partícipe -incluyendo a los reclusos- en la introducción a centros penitenciarios de artefactos que faciliten la extorsión. Las penas pueden llegar hasta los 42 años mediante agravantes para quienes extorsionen desde los centros penitenciarios.
Respecto a las víctimas, se establece que los recursos obtenidos serán aplicados preferentemente a su restitución de derechos, además de garantizarles medidas protectoras a lo largo del procedimiento si su vida, libertad o integridad física o mental están en riesgo.
La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”, expresó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza.
Más historias
Desde Barcelona, propone Sheinbaum destinar 10% de gasto militar en reforestación y declaración contra intervención militar en Cuba
Mariana y Colosio empatan por la búsqueda de la candidatura de MC en Nuevo León: CE Research
Rosa Icela evita destaparse por la gubernatura de SLP, pero tampoco la descarta