Gobierno anuncia reparación social y ambiental para Cananea y el Río Sonora

El Gobierno federal y el Gobierno del estado de Sonora anunciaron la resolución de dos conflictos históricos que afectaban a la región de Cananea y la cuenca del Río Sonora, tras décadas de demandas sociales y ambientales sin atención por parte de administraciones anteriores. Ambas autoridades calificaron los acuerdos alcanzados como un acto de justicia social y reconciliación histórica.

El primero de los conflictos resueltos fue la huelga de la Sección 65 del Sindicato Minero en Cananea, que se prolongó por más de 18 años, y el segundo fue el daño ambiental causado por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora en 2014, el cual afectó a miles de personas y ecosistemas de la región y que generó demandas de reparación integral que quedaron sin resolución por más de una década.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó en Hermosillo la presentación del Plan Integral de Justicia y Remediación para Cananea y el Río Sonora, acompañado del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Rodríguez Velázquez explicó que los acuerdos se alcanzaron mediante negociaciones que involucraron la participación del Gobierno federal, el estatal, la empresa Grupo México y representantes de los trabajadores mineros, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de no abandonar los conflictos ni dejar que “quedaran en el olvido”.

El Plan Integral contempla un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos que se destinará a la liquidación e indemnización de más de 650 trabajadores y sus familias, el acceso a servicios de seguridad social, pensiones y compensaciones laborales, así como a acciones concretas de reparación ambiental y de salud pública. La aportación de recursos se distribuye con Grupo México contribuyendo con el 70.14%, el Gobierno federal con 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora con 180 millones de pesos.

Rodríguez subrayó que las indemnizaciones se entregarán directamente a los trabajadores o a sus viudas, sin intermediarios, y que el plan incluye proyectos para mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas. Entre las acciones destacan la construcción de 16 plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección y la rehabilitación de infraestructura de salud, así como la transformación del hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con 60 camas y áreas especializadas en toxicología.

Durazo afirmó que el acuerdo no solo representa justicia para los trabajadores y las comunidades, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo social y económico de la región en los próximos años.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el cierre de estos conflictos marca una nueva etapa para Sonora, anunciando que a partir de enero iniciarán las obras y acciones derivadas del plan con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos, mejorar la salud pública y restaurar el entorno natural del Río Sonora.