Ramón Salaverría: «Quien más alimenta la desinformación es la clase política, no los medios periodísticos».- Raúl Conde/El Mundo

PREGUNTA: Estamos en vísperas de las elecciones aragonesas. ¿La desinformación se acentúa en época electoral?

RESPUESTA: Los fenómenos de potencial injerencia extranjera y de desinformación que estamos analizando en las presidenciales de Portugal a través de Iberifier [observatorio ibérico de medios digitales financiado por la Comisión Europea] son muy similares a los que identificamos en el caso español. Hay ciertos patrones recurrentes: el contenido engañoso, las narrativas polarizantes, un uso oportunista de las funcionalidades de las plataformas… No hay un uso habitual de la inteligencia articial. Lo que sí abunda es una edición selectiva y malintencionada de los vídeos.

P: ¿Quiénes son los principales emisores de esos mensajes?

R: Podríamos hablar de tres núcleos principales. Primero, el que tiene que ver con una injerencia internacional, vinculada a grandes campañas de potencias con intereses geoestratégicos, como Rusia o China, pero también Israel o Venezuela. Segundo, la desinformación estrictamente política con un ámbito nacional, donde lo propio es ocultarse. Y, en tercer lugar, la desinformación vinculada a la pura estafa, que pretende obtener un beneficio económico ilícito.

¿A qué llamamos desinformación?

Es la diseminación deliberada, es decir, voluntaria, de información falsa con una dimensión pública y con una intención de engañar a un volumen grande de personas. Hay que distinguir esto del puro error, en el que todos podemos incurrir.

¿Pone en riesgo la democracia?

Sí. Durante los últimos años, desde el Brexit en 2016 y la primera victoria de Donald Trump, hemos vivido una década en la que ha habido múltiples fenómenos en los que se ha visto que las injerencias o manipulaciones desinformativas generan un efecto desestabilizador en las sociedades, especialmente, en las democracias occidentales. La Unión Europea tiene una gran preocupación ante este fenómeno por su capacidad de manipular los resultados electorales y de atender a una serie de intereses espurios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes la intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, una medida que ya han impulsado otros países como Francia o Australia. El anuncio coincidió con el registro practicado por la Fiscalía de París en las oficinas francesas de X por manipulación de algoritmos para investigar si la plataforma favorece injerencias extranjeras. ¿Es una iniciativa eficaz si no se fiscaliza la utilización que hacen las redes sociales del algoritmo?

El problema es real porque los algoritmos son una especie de caja negra que da mayor visibilidad a ciertos contenidos. Es posible que en España veamos una cierta reproducción de lo que se hizo en Australia. Allí los menores tendrán que identificarse a través de un procedimiento con sistemas biométricos y se ha establecido un modelo sancionador orientado a las plataformas, no a las familias.

La Comisión Europea duda de que pueda perseguirse penalmente a los directivos de plataformas digitales por el contenido que otras personas compartan en ellas, como planea el Gobierno español. ¿El dueño de una red social es responsable del contenido dañino que se vierte en ella?

Al igual que en EEUU, en el marco europeo las redes sociales no se consideran responsables automáticas del contenido que publican sus usuarios. Aunque funcionan como intermediarios de la información, y, en ese sentido, podemos considerarlos medios, lo cierto es que no actúan como editores tradicionales. La responsabilidad de la red social aparece cuando la plataforma tiene conocimiento del contenido dañino o ilegal y no actúa con diligencia para retirarlo o limitar su difusión. Es como si una empresa municipal de aguas supiera que por sus canalizaciones circula agua contaminada y, a pesar de eso, no hiciera nada por evitar que ese veneno llegara a los grifos de los ciudadanos. Lo que plantea el Gobierno español es un cambio importante: pasar de un modelo de responsabilidad reactiva a uno más cercano a la responsabilidad por diseño y por gestión. Es decir, exigir a los directivos que respondan si no establecen sistemas eficaces para prevenir daños. La pregunta no es si el dueño de una red social es responsable de todo lo que se publica, sino hasta dónde llega su deber de actuar cuando sabe que algo causa daño. Ahí está el verdadero equilibrio entre protección y libertad.

Elon Musk, dueño de X, ha llamado a Sánchez «tirano y «traidor» y Pável Dúrov, CEO de Telegram, ha enviado un mensaje masivo a todos los móviles que tienen instalada su aplicación para advertir de que el Gobierno va a legislar «contra la libertad». Según Moncloa, este hecho inédito demuestra la «urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil». ¿Hay que intensificar esa regulación para preservar la soberanía digital?

Que el fundador de Telegram pueda enviar un mensaje directo y masivo a millones de usuarios ilustra hasta qué punto algunas plataformas concentran hoy un poder comunicativo enorme, comparable al de grandes medios… pero sin los mismos contrapesos democráticos. Ese poder evidencia una asimetría: actores privados globales pueden influir en el debate público interno sin rendir cuentas ante los ciudadanos. En contra de lo que defiende Dúrov, regular no significa legislar contra la libertad, sino establecer reglas mínimas de transparencia, responsabilidad y supervisión democrática. Sin duda, Europa necesita reforzar su soberanía digital, pero eso no pasa por criminalizar opiniones ni por dar poderes arbitrarios al Gobierno, sea del color que sea. Pasa por exigir a las plataformas reglas claras: cómo moderan, cómo amplifican mensajes, cómo protegen datos y qué mecanismos existen para recurrir sus decisiones. Ahora bien, pienso que esta medida debería impulsarse desde un marco europeo. Si la regulación se plantea solo en clave nacional, ya sea en Francia o en España, corre el riesgo de resultar estéril. En cambio, si se hace desde un marco europeo común y con garantías, puede fortalecer la democracia de todos los países. La soberanía digital no consiste en que el Estado controle internet, sino en garantizar que las grandes plataformas no operan como poderes sin control dentro de nuestras democracias.

¿Prohibir las redes sociales a los menores de 16 años es insuficiente?

Habría que combinar políticas de control con otras de educación. La medida anunciada esta semana es fundamentalmente una política de control que, insisto, es necesaria. Me parece conveniente y hay un cierto consenso político en todo el arco parlamentario en que hemos llegado a un punto en el que las plataformas están campando a sus anchas generando situaciones perjudiciales, particularmente, para el segmento más sensible de la población, que son los menores. Pero, al mismo tiempo, hay que potenciar un uso responsable de las herramientas digitales. Durante los últimos 25 años ha habido una apuesta importante por la alfabetización digital. Ahora necesitamos desarrollar una alfabetización mediática, que pasa por disponer de la capacidad de utilizar esas herramientas digitales con responsabilidad y con un sentido crítico.

En España, según estudios pasados del Digital News Report, al ser preguntados por la «fuente de información falsa o engañosa que más preocupa», la mayoría de los entrevistados señaló «al Gobierno, los políticos o los partidos políticos de mi país». A gran distancia, los periodistas. ¿Quién alimenta más la desinformación: la clase política o los medios de comunicación?

La clase política. Que un medio reivindique demandas sociales o que señale problemas que no coinciden con las prioridades que puede tener un ciudadano no convierten a ese medio en un desinformador. Es una evidencia que las encuestas, tanto en España como a escala europea, sitúan en la esfera política, y no tanto en el ámbito de los medios, el origen de la desinformación.

En cambio, hay un empeño del Gobierno en descalificar informaciones tachándolas de bulos. Lo hemos visto estas últimas semanas en boca de Óscar Puente, ministro de Transportes. ¿Se ha convertido esta señalización en un ardid para eludir responsabilidades políticas?

Calificar de bulos investigaciones es un intento de reducir su relevancia o de cuestionar su validez. Puede considerarse una estratagema, pero el papel de los medios periodísticos es conocido desde hace décadas: su figura clásica de perro guardián que trata de poner cierto control ante los otros poderes, incluido el ejecutivo. Es una responsabilidad social que le corresponde al periodismo.

En abril de 2024, tras amagar con dimitir, Pedro Sánchez presentó el ‘Plan de Acción por la Democracia’ para «combatir los bulos y la desinformación». ¿En qué se ha traducido?

En la práctica no se ha traducido en medidas concretas y, desde luego, no vemos en el arco parlamentario que se haya producido una especie de catarsis capaz de conducirnos a una mejora del discurso público. Al revés. Vemos un mayor enconamiento en todas las fuerzas políticas. El ciudadano percibe que hay una pérdida de principios entre la clase política a la hora de manejarse con la verdad y desde evidencias empíricas. Un dato contrastado no se puede negar.

¿La persecución de lo que el presidente del Gobierno llama «máquina del fango» puede suponer una limitación de la labor periodística?

La definición de qué medios son profesionales o pseudomedios no debería depender de ningún Gobierno. El hecho de que las autoridades públicas determinen qué medios son fiables o no nos sitúa en un contexto que es el propio de donde hay un control sobre los medios periodísticos. Y, precisamente, el Reglamento de Libertad de Medios, que se ha activado en la UE y del que emanan las medidas que anunció Pedro Sánchez después de esos cinco días de reflexión, determina que hay que garantizar el pluralismo. Si se establecen criterios entre medios buenos y malos, se va un paso más allá y se pone en serio riesgo un derecho fundamental como es el derecho a la información. Los ciudadanos tenemos la libertad de decidir cuál es la información que consumimos. Eso debería ir acompañado de una formación. En España hemos identificado un ecosistema de casi 3.000 medios digitales activos. En ese mercado, la inmensa mayoría de los medios actúa bajo cánones profesionales. Sólo hay una periferia que aparentan ser medios, pero que atienden a otro tipo de intereses ideológicos o económicos.

¿En qué consiste el concepto de ‘guerra cognitiva’ y cómo está cambiando la geopolítica?

Los conflictos bélicos han evolucionado mucho en el siglo XXI. La guerra se libraba en un espacio físico; ahora también en el ciberespacio, en internet y en el entorno espacial mediante satélites. A las esferas clásicas se ha sumado la de nuestra mente. Cuando en un conflicto bélico, una de las partes consigue condicionar las creencias y las expectativas del adversario, ya está ganando sin necesidad de disparar una bala. Se está viendo que, a través de estrategias de manipulación deliberada de la información, se puede llegar a condicionar la opinión pública de un adversario. Lo vemos en Gaza y Ucrania.

El ataque a la prensa libre forma parte del manual trumpista de los líderes iliberales. ¿Por qué?

Porque los medios periodísticos, a pesar de la caída abrupta de su credibilidad por su tendencia a un alineamiento ideológico excesivo, son un filtro profesional para los mensajes. Uno de los principales rivales, por no decir el principal, de la desinformación es el periodismo.

Un estudio de 2020 publicado en ‘The Conversation’, en el que usted participó, reveló que apenas el 4% de los bulos sobre la pandemia tuvieron su origen en los medios; la mayoría se habían publicado y propagado a través de las redes sociales, especialmente WhatsApp. ¿El empeño en hablar de «noticias falsas» es un intento de desacreditar al periodismo?

Sí. Cuando fui a una comparecencia parlamentaria, dije que habría que desterrar del lenguaje público el concepto de ‘fake news’. Es una falsedad en sí mismo. De un tiempo a esta parte se ha reducido significativamente su uso. El periodismo puede cometer errores, pero no disemina deliberadamente falsedades.

¿Cómo está impactando la IA en el periodismo?

Sólo puedo comparar el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo con el que tuvo la aparición de internet hace exactamente 30 años. De momento, podríamos decir que hemos ido a peor. Se están multiplicando los contenidos falsificados, ya sean gráficos o sonoros, y eso hace más difícil distinguir lo cierto de lo falso. Y los medios están incorporando estas tecnologías por la puerta de atrás, sin un criterio de transparencia.

¿La máquina puede sustituir al periodista?

En ciertas áreas, sí, como la información bursátil, las estadísticas deportivas, la información meteorológica o los resultados electorales, donde hay un gran volumen de datos y ciclos muy rápidos de actualización. Pero, al mismo tiempo, hay áreas que tienen que ver con la interpretación, la contextualización y la selección de los asuntos relevantes. Si cedemos en esto a los algoritmos, entraremos en un territorio muy peligroso. Los medios experimentarán en los próximos años una transformación muy profunda. Lo que necesitamos es afirmar los valores y los principios esenciales del trabajo periodístico.