El Partido Popular (PP) y VOX alcanzaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Andalucía tan solo media hora antes de la investidura de Juanma Moreno, quien encabezará el Parlamento por tercera ocasión.
Tras varias semanas de negociaciones entre ambas formaciones para alcanzar la mayoría necesaria que permitiera conformar el nuevo gobierno, y luego de un primer intento fallido de investidura en el que Moreno no obtuvo el respaldo suficiente, el acuerdo logró que finalmente fuera investido con 68 votos a favor —53 del PP y 15 de VOX— frente a los 41 sufragios en contra emitidos por el PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.
El pacto fue anunciado por Juanma Moreno y Manuel Gavira, portavoz de VOX, quienes destacaron que les permitirá garantizar la gobernabilidad de la comunidad autónoma durante la XIII Legislatura. El recién ratificado presidente expresó que se trata de un acuerdo “sensato, justo y legal”, mientras que Gavira agradeció la disposición de Moreno para hacerlo realidad.
No es el primer acuerdo alcanzado entre ambas fuerzas políticas; también se conformaron coaliciones en las comunidades autonómicas de León y Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Como parte del convenio, plasmado en un documento con 150 puntos divididos en 14 áreas, el PP encabezará la presidencia de la Junta de Andalucía, mientras que VOX asumirá distintas áreas de gobierno: Gavira asumirá como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, mientras que el partido contará con un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz.
Ambas fuerzas coincidieron en que el objetivo es impulsar principalmente las políticas enfocadas en el crecimiento económico, la reducción de impuestos, el fortalecimiento de los servicios públicos y el control de la inmigración irregular.
Destacan la prioridad nacional sobre ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como la prohibición del burka y el niqab en Andalucía «en todos los espacios, edificios y servicios públicos autonómicos».
En cuanto a la migración, se rechaza la repartición estatal de inmigrantes, se buscará la repatriación de los menores migrantes que no estén acompañados de sus padres a sus países de origen y aplicarles pruebas de edad “para evitar fraudes y el colapso de los servicios públicos».
Además, se fiscalizarán de forma anual los gastos vinculados a la inmigración masiva “para asegurar el mínimo desembolso» y se eliminará toda ayuda, convenio o conciertos públicos a ONGs u organizaciones “que faciliten o sostengan la inmigración ilegal o cooperen con las mafias del tráfico de personas».
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