La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el pasado 16 de julio en Ensenada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles mediante la simulación de importaciones para evadir impuestos.
De acuerdo con las investigaciones, Ruffo está vinculado con la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada como una de las compañías involucradas en la importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos. El caso comenzó a investigarse en 2025 tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburos durante un operativo realizado en Coahuila.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía ingresaba sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
Asimismo, explicó que la red declaraba únicamente el 10% de la capacidad real de cada ferrotanque, es decir, alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.
Las indagatorias también derivaron en la detención de Ricardo Thompson Navarro, socio del exmandatario. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la investigación contempla 25 objetivos y que existen al menos ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, aunque advirtió que podrían ejecutarse más conforme avance el proceso, el cual permanece abierto.
Al inicio de las investigaciones, Ruffo sostuvo que su participación en la empresa era minoritaria y aseguró que toda la documentación relacionada con las importaciones estaba debidamente integrada. También afirmó que la corrupción se encontraba en las aduanas pues las autoridades omitieron realizar las inspecciones correspondientes, y acusó que su nombre fue utilizado para ampliar mediáticamente el caso.
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo al exgobernador y exigió que el proceso se conduzca con imparcialidad y respeto al debido proceso. Además, cuestionó que en los casos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, las autoridades no hayan actuado con la misma rapidez aun con “pruebas contundentes”.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención forme parte de una persecución política o de una ‘cortina de humo’ por la filtración de los audios de Marina del Pilar. Afirmó que serán los jueces quienes determinarán con imparcialidad las responsabilidades con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Más historias
Trump anuncia desclasificación de documentos que probarían interferencia extranjera en la elección de 2020
Congreso de Sinaloa aplaza elección judicial hasta 2028
México ocupa el lugar 45 global en preparación en IA