Mónica Soto renuncia como magistrada del TEPJF en vísperas de la elección de 2027

A menos de un año de la elección judicial, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluyendo sus funciones el próximo 31 de agosto.

La renuncia fue enviada mediante una carta dirigida a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez. En el documento, Soto aseguró que su decisión responde al cierre de un ciclo luego de fungir desde el 4 de noviembre de 2016 como magistrada, y expresó su agradecimiento al Poder Legislativo por la confianza depositada en ella desde su nombramiento.

“Durante estos casi 10 años en que he ejercido la función jurisdiccional en la Sala Superior del máximo órgano de impartición de justicia electoral en México, he tenido claro mi compromiso asumido desde el primer día de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos, maximizando la inclusión de las personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad y con un eje transversal, la igualdad plena y sustantiva de las mujeres”, destacó.

Sin embargo, no explicó los motivos puntuales de su renuncia, declarando únicamente: “Tengo un compromiso con mi patria, con mi tribunal y con mi familia”. 

Soto fue designada magistrada de la Sala Superior en octubre de 2016 para un periodo inicial de nueve años. Aunque su encargo concluía originalmente en 2025, las reformas electorales de 2024 y la Judicial de este año modificaron la integración del Tribunal y extendió la permanencia de algunos magistrados hasta 2028, como lo fue en su caso.

Durante su gestión encabezó la presidencia del TEPJF entre 2024 y 2025 y estuvo al frente del órgano durante procesos electorales y resoluciones de alto impacto, entre ellas la validación de la elección judicial.

Con la salida de Soto, la Sala Superior quedará integrada previo a las elecciones de 2027 por cinco de las siete magistraturas previstas en la ley, luego de que quedara vacante el lugar de la magistrada Janine Otálora, quien renunció en octubre de 2025 para cumplir con el tiempo que originalmente le correspondía en el Tribunal antes de aprobarse la reforma judicial.