Derechos de las audiencias: los efectos en la forma de comunicar

El Gobierno de México sometió a consulta pública una propuesta regulatoria para proteger el Derecho de las Audiencias que desató una guerra de dos narrativas: la lucha contra la desinformación o un intento de censura. Más allá de esa discusión, especialistas en comunicación política y estrategia electoral responden en esta edición de Campaigns and Elections una pregunta con más fondo: ¿cómo va a cambiar la forma de comunicar?

Yessica De Lamadrid, estratega política; Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica y Quadratín Yucatán; y Jorge Camacho Peñaloza, consultor político y fundador de Tacto Consultores, coinciden en que la defensa de los Derechos de las Audiencias no es nueva, pero la línea para no trasgredir la libertad de expresión se vuelve muy delgada.

La propuesta regulatoria consiste en que los medios de comunicación elaboren y publiquen un Código de Ética, diferencien cuando la información publicada es contenido noticioso, opinión del presentador o publicidad pagada, garanticen el derecho de réplica, designen un Defensor de las Audiencias y establezcan sanciones en caso de incumplimiento.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto que estos lineamientos buscan combatir la desinformación y no tienen el objetivo de atentar contra la libertad de expresión; sin embargo, para los especialistas, el gobierno se convierte en juez y parte cuando la encargada de determinar las sanciones es la Comisión Regulatoria de Comunicaciones.

La autocensura, las nuevas formas de burlar la ley y la reducción de campañas negras en procesos electorales son algunas de las consecuencias que traerían estos lineamientos en la forma de comunicar, no solo para los medios de comunicación, sino también para los especialistas en comunicación y estrategia política.

SOBRERREGULACIÓN DE LO YA EXISTENTE

Yessica De Lamadrid recordó que las regulaciones para garantizar el Derecho de las Audiencias no son nuevas y tienen sus antecedentes desde 1920, pero en México adquirieron forma en 2017, 2025 y ahora en 2026 con esta propuesta.

«Esta no es la primera vez que tenemos una propuesta de ley o de lineamientos respecto al Derecho de las Audiencias. Recordemos que antes teníamos un Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encargaba de regular lo que pasaba por el espacio público… Llegamos a una ley previa que es la de 2025; la ley de 2025 habla precisamente de los Derechos de las Audiencias y retoma todos los lineamientos de 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales ya estaban previamente consensuados y aprobados», recordó.

Refirió que uno de los principales antecedentes jurídicos en torno a esta nueva reforma es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2022 determinó que el exceso de regulación puede atentar contra la libertad de expresión.

«Esto es el principio del debate: cómo vamos a generar esos lineamientos para que no se convierta en censura algo que ya advirtió en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que el exceso de regulación para favorecer a las audiencias delimitaría de manera importante la libertad de expresión».

Destacó que la ley vigente ya permite a las audiencias denunciar cualquier información que consideren que atenta contra sus derechos como consumidor, pero lo nuevo son las sanciones que se imponen, las cuales pueden llevar a perder la concesión a una televisora o estación de radio.

«Ojo con esto: las concesiones pueden ser retiradas por la acumulación de sanciones; ese es el punto neurálgico que todo el mundo está discutiendo», apuntó.

Para Federico Berrueto, la aprobación de estos lineamientos puede ser inconstitucional si atenta contra la libertad de expresión garantizada en la Constitución, lo que podría impedir su puesta en marcha.

«El tema es que los lineamientos, en el afán de reglamentar, van más allá de lo que establece la ley. Supongamos sin conceder que los lineamientos son el mejor ordenamiento en beneficio de las audiencias —supongamos que así fuera—: no es viable si este excede, sobre todo en temas de control, sanciones y multas, a lo que determina la ley de la cual se derivan los lineamientos. Entonces, aquí hay un tema de legalidad o de constitucionalidad».

Afirmó que este problema de legalidad puede resolverse con un juicio de amparo, aunque manifestó su desconfianza en el Poder Judicial para hacer valer estos recursos por su cercanía con el régimen político.

CONTROL DE LA NARRATIVA, LA APUESTA DEL GOBIERNO

Por su parte, Jorge Camacho consideró que la promoción de estos lineamientos es un nuevo esfuerzo por parte de la autoridad para tener control sobre la narrativa en los medios de comunicación, y coincidió en que el Derecho de las Audiencias no puede estar por encima de la libertad de expresión.

«No puedes estar a favor de unos y en contra de otros cuando coartas la libertad de expresión. Definir qué es falso o revisar cómo se distingue un medio por venir de un escenario público-privado, de lo que diga o deje de decir, creo que no necesariamente está protegiendo a las audiencias. Lo que tenemos que entender, y por lo que todos tenemos que luchar, es porque todos aquellos que tengan algo que decir lo puedan decir, independientemente de la plataforma en la que lo digan, y que todo aquello que tenga fundamento y forma de ser comprobable o defendible se pueda decir».

En tanto, Yessica De Lamadrid puntualizó que una de las consecuencias en la forma de comunicar de los medios de comunicación es limitar la pluralidad editorial para cumplir con los lineamientos impulsados desde el gobierno.

«La contextualización termina siendo la editorialización de la noticia; entonces, con la reforma de 2026 estamos hablando de que toda esta contextualización, que también pertenece al branding y al marketing de cada uno de los distintos medios de comunicación, tendría que ser más igual. Entonces, ¿dónde está la diferenciación?», cuestionó.

Señaló que esto podría beneficiar a los medios afines a Morena, pero recordó que esto cambiaría si otra fuerza política llega al poder.

«Ahorita la gran mayoría está dentro de Morena y los grandes comunicadores se verían fortalecidos si solamente quedan comunicadores a favor de Morena, pero ni las victorias son eternas ni las derrotas son para siempre. Va a haber un día en que alguien más va a ganar», añadió.

En ese sentido, Federico Berrueto consideró que Morena enfrenta una etapa de descontento y busca contrarrestarla desde los medios de comunicación.

«El descontento antes era hacia el PRIAN, a Movimiento Ciudadano, a lo que existía, y ahora lo que existe es Morena; entonces, el descontento le está viniendo a Morena. Si ellos creen que con el control de las audiencias van a evitar el descontento, están equivocados. Los medios no son el problema; el problema es lo que genera el descontento y eso no va a cambiar», afirmó.

Agregó que no es con restricciones como se debe revertir una percepción de descontento, sino haciendo uso de la libertad de expresión para responder a las inconformidades.

«Los excesos de la libertad de expresión se combaten con la libertad de expresión, no se combaten con un policía ni con una multa; intentar resolverlos así es ponernos la soga al cuello. Es tanto como poner al coyote a cuidar el gallinero», expresó.

ÁRBITRO NEUTRO, EL DEBATE

De Lamadrid afirmó que el gobierno no puede ser juez y parte para garantizar el Derecho de las Audiencias y que esa responsabilidad corresponde más a una institución paraestatal u organismo autónomo.

«Cada quién tiene una preferencia de cómo le presentan la noticia; decidir cuál es el bueno, cuál es el malo, quién está diciendo la verdad o quién está diciendo mentiras tendría que estar en un instituto o en una organización paraestatal para que el Estado no sea juez y parte. Este es el punto neural en el cual está la discusión. El Estado no debe de ser el árbitro de las opiniones».

Reconoció que el gobierno mexicano se convierte en juez cuando define qué opiniones son claras y objetivas y cuáles no, lo que pone en riesgo la línea editorial de cada medio de comunicación.

«El gobierno mexicano gana dos cosas: una, ser quien determina cuáles de aquellas opiniones son veraces o no —y aquí incluyo otro tipo de conceptos de la ley de 2026—, y la otra es que este árbitro debe decir si las opiniones son claras, objetivas y verificables (algo que ya traíamos desde 2015 y 2017). Sin embargo, la línea delgada es cómo respetar la línea editorial y el derecho a la pluralidad de los que vivimos en México, siendo el gobierno mismo quien va a calificar cuáles opiniones son correctas o no», agregó.

En opinión de Federico Berrueto, el gobierno federal no es confiable para ejercer esta función de juez, independientemente del partido al que pertenezca, ya que tiene el interés de difundir la percepción de que su trabajo es impecable.

«¿El gobierno actual es confiable? Mi reflexión es que ningún gobierno es confiable; no tiene por qué una autoridad resolver las diferencias que plantea la aplicación de los lineamientos. Independientemente de quién gobierne o de si nos parece confiable o no, que un gobierno lo resuelva no es la mejor manera ni la más segura», afirmó.

Más allá de las empresas que conforman la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Berrueto consideró que la responsabilidad de la autorregulación de los medios para evitar la difusión de noticias falsas corresponde al propio gremio de periodistas.

«En otras palabras, estamos depositando en el gobierno la capacidad de decir quién tiene la razón. No es un juez, no es un órgano autónomo ni independiente de la autoridad: es la autoridad misma quien lo está haciendo, y esto nos lleva a una situación de altísimo riesgo para la libertad de expresión. La autorregulación es la salida y ojalá también se resolviera desde el punto de vista gremial. Las empresas agrupadas en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión no son el entorno ideal; lo es, más que todo, el gremio periodístico».

En ese sentido, propuso que sea un organismo colegiado conformado por integrantes del gremio periodístico el que se encargue de supervisar la veracidad de la información, ya que el intangible más preciado de un periodista es su reputación.

«Por eso confío más en que sea en el gremio de los periodistas en quienes se pueda depositar este órgano que defina estándares y que, eventualmente, pueda hacer públicas las posiciones que ellos tienen respecto a las controversias y los distintos puntos de vista», añadió.

Por su parte, Jorge Camacho señaló que la autoridad que debe vigilar el derecho de las audiencias es el propio Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente en una campaña electoral, ya que no solo es árbitro, sino también organizador.

«Considero que el árbitro tendría que ser el mismo Instituto Nacional Electoral; en el ideal, el árbitro es ese. El INE no solo es el organizador de las campañas, es también el árbitro; se gastan demasiados millones de pesos para que las campañas funcionen y no solo para que vayas a votar el día de la elección», explicó.

Sin embargo, reconoció que la autoridad electoral debe ser neutral y no tener sesgos políticos para poder desempeñar esta función:

«No puede ser el gobierno porque no puede tomar partido; no podría ser el medio de comunicación porque entra en un debate en el que puede haber noticias falsas que se estén difundiendo a través de su propia plataforma, pero sí creo que la autoridad electoral neutra debiera ser quien pueda sancionar este tipo de situaciones», concluyó.

AUTORREGULACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MEDIOS

Son varios los ejemplos donde los medios de comunicación formales han retomado información falsa de redes sociales o publicado datos sin verificar que abrieron la discusión sobre proteger a las audiencias desde el gobierno. La difusión en noticieros nacionales de videos de otros países presentados como si fueran de México, o la entrevista a Carlos Monsiváis que El Universal no pudo comprobar, son algunos casos.

Sin embargo, Jorge Camacho consideró que no es mediante la sobrerregulación como se pueden combatir las noticias falsas —y menos las que provienen de cuentas personales en redes sociales—, sino que corresponde al propio medio de comunicación fortalecer sus filtros para evitar casos como los antes mencionados.

«No es sobrerregulando los medios de comunicación ni sobrerregulando las redes sociales como se va a lograr que dejen de existir las noticias falsas o fake news. Yo creo que aquí la normatividad tiene que ir en función de entender perfectamente bien cuál es el origen de la información, y en ese contexto, cada medio debería tener la responsabilidad de saber de dónde viene la información que está publicando».

Puntualizó que la información que surge de cuentas particulares no la puede regular el gobierno porque sería tratar de regular la voz de las personas, pero sí puede haber mecanismos para forzar la verificación de información desde los medios de comunicación.

«Lo que sucede en las redes sociales no creo que sea el gobierno quien tenga que regularlo. Las redes son al final canales de comunicación personales, es como tratar de regular la voz de las personas: no puedes decirle a la gente qué sí diga y qué no diga. Tienes que poner reglas para que lo que se diga sea verificable, y si no es verificable, pueda ser sancionable», agregó.

Por su parte, Berrueto hace una diferenciación entre la autorregulación y la autocensura, pues consideró que los lineamientos propuestos pueden promover que los propios medios de comunicación se limiten para no quedar mal con el régimen político en turno.

«Vemos que hay un ejercicio de autocensura generalizada por parte de los medios de comunicación, más cuando son medios concesionados que quedan muy expuestos por el título de concesión. Entonces, si ahora tenemos autocensura aun sin estos lineamientos, con reglas que empoderan a la autoridad para tener la última palabra e imponen multas, ¿cuáles serán los efectos que tendrán?».

Agregó que también es inviable diferenciar la información de la opinión cuando actualmente en los programas de radio y televisión hay una mezcla de ambas a la hora de difundir una noticia.

«En la diferencia entre información y opinión basta ver todos los programas de radio y televisión: difícilmente podemos encontrar uno donde se tenga claramente diferenciado lo que es información, interpretación y opinión, sobre todo porque no hay ninguna última palabra», afirmó.

Yessica De Lamadrid va más allá y comparte la responsabilidad de la desinformación con las propias audiencias y la falta de seguimiento en territorio por parte de los partidos políticos para dar a conocer su mensaje.

Explicó que hoy en día la sociedad no está informada, sino tutelada por las corrientes políticas a las que pertenece, y eso también es una forma de editorialización que nace desde las fuerzas políticas.

«Está tutelada, no informada, porque si fuera informada desde ahí tendrías que partir para decir las cosas sin editorialización. Expresiones como ‘el PRIAN’, ‘los conservadores’ o ‘los fifís’ también tendrían que ser sancionadas, y las audiencias tendríamos que tener la información suficiente para poder saber y elegir si una persona que da noticias afines a la Cuarta Transformación es a la que queremos escuchar o a otra persona que critica de manera contundente y constante al gobierno actual, como Carlos Alazraki o Adela Micha».

Señaló que el único partido que ha trabajado en territorio la tutela de sus seguidores es Morena, lo que hace que gran parte de la población coincida con la narrativa del partido en el gobierno.

«Tiene que ver con el gobierno y una parte con los partidos políticos porque, a excepción de Morena, todos los demás partidos políticos, una vez que llegan al gobierno o pierden una elección, dejan de hacer lo más importante: hacer territorio e informar, estar y atender a la ciudadanía. Esa también es una forma de educar, orientar y hasta tutelar a la ciudadanía».

¿CÓMO AFECTA ESTA REFORMA A LA CONSULTORÍA POLÍTICA Y DE COMUNICACIÓN?

La realidad es que, de aprobarse estos lineamientos, no solo cambiaría la forma de comunicar desde los medios de comunicación como la radio y la televisión, sino que las y los estrategas políticos tendrán que adecuarse a las nuevas reglas del juego para poder dirigir una campaña política.

Jorge Camacho consideró que antes de imponer un marco normativo, las y los consultores deben apostar por campañas de propuestas y no por campañas negras de ataque, por lo que hizo un llamado a candidatos y partidos políticos a renunciar a las guerras sucias.

«Habría que hacer un llamado a los candidatos y a los partidos políticos para evitar que este tipo de situaciones sea lo que prevalezca en una contienda. Que no sea una campaña negativa ni la campaña del miedo lo que importe más que una campaña de propuesta. Creo que los consultores tenemos, en este contexto, una gran responsabilidad», consideró.

Aclaró que no debe confundirse una campaña negra con una campaña de contraste, la cual debe prevalecer siempre y cuando existan datos verificables y verídicos, pues de no contar con ellos sí sería necesaria una sanción.

«Hay que tener muy claro el contexto de las campañas de contraste. Las campañas negras que dicen mentiras deben ser altamente sancionables; las campañas de contraste que hagan justamente eso —contrastar y dejarnos la oportunidad de entender cuál es la otra verdad— tendrán que ser trabajadas con cuidado y no pueden dejar de ser parte del escenario de las contiendas políticas».

«Las campañas negras en las que se habla con mentiras, en las que se hacen supuestos que no existen y donde hay denostación sin argumentos son las que se deben sancionar, y de manera drástica. Las campañas de contraste, que permiten tener la información adecuada con base en lo que está sucediendo, son las que van a prevalecer en el contexto de la consultoría política y electoral que tenemos», afirmó.

Para Yessica De Lamadrid, el gremio de la consultoría sabrá adaptarse a las nuevas reglas del juego, pues no es la primera vez que se imponen regulaciones de este tipo.

«Desde 2015, cuando insertabas un artículo en alguna revista tenía que decir ‘publirreportaje’ para que pudiera ser perfectamente identificado que era una opinión pagada, publicada para enaltecer, promover o hacer publicidad. ¿Qué pasa ahora? Pasa que eso que ya existía hay que volverlo a hacer. ¿Qué va a pasar con los consultores? Lo mismo que ha pasado siempre: nos vamos a adaptar», afirmó.

Aunque reconoció que se espera una campaña de 2027 plagada de contenido creado con Inteligencia Artificial, advirtió que a finales de este año o principios del próximo muchos colegas entenderán que la IA no es la panacea que sustituye a las ideas en el diseño de una estrategia electoral.

«El 90 por ciento de lo que están haciendo nuestros compañeros consultores, incluida yo, es usar Inteligencia Artificial y, con todo respeto, no es la panacea: es una herramienta más. Y esa herramienta, creo que dentro de muy poco —para diciembre o enero del siguiente año, antes de que arranquen las campañas— va a ser como cuando estábamos en televisión: puedes tener una superstar, una metacam, una 4K, filmar en 16 mm o 32 mm… no eran los fierros lo importante, sino las ideas, las propuestas y la combinación de todo».

Para el caso del gobierno, concluyó que más allá de concentrarse en reforzar una normativa que ya existe, la estrategia debe ser comunicar con veracidad y saber contar su versión de la historia.

«Como estratega y como consultora, lo único que podría plantear sobre la mesa es comunicar con verdad y con honestidad. Hay que contar tu historia, no hay que sancionar; leyes prohibicionistas hemos tenido de todo tipo», afirmó.

Federico Berrueto también advirtió un proceso de adaptación desde el gremio periodístico, pues afirmó que las y los periodistas que no encuentren espacios en los medios tradicionales o sean censurados pueden encontrar una ventana de oportunidad en los espacios digitales, donde muchos de ellos ya ejercen la profesión de comunicar.

«Aquellos que ya no estamos en un periódico estamos en un espacio digital porque el profesional del periodismo nunca se va a callar aunque le cueste la libertad, y si le cierran las puertas de un medio, encontrará otros canales para seguir participando; claro está, con un achicamiento de la libertad de expresión».

Consideró que el mejor contenido informativo en redes sociales proviene de actores formados con los estándares que marca el rigor periodístico.

«Yo tengo una visión crítica de las redes sociales: creo más en el periodismo de prensa, radio y televisión que en el del espacio digital, y lo mejor que hay en el espacio digital son las expresiones de medios que adoptan los códigos de calidad existentes en los medios convencionales», concluyó.