En la Cámara de Diputados, Morena busca impulsar una reforma al artículo 35 constitucional para juntar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y las gobernaturas de 17 estados.
Foto: Gabriel Monroy / Presidencia
La propuesta fue enviada por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. En ella se plantea ajustar las fracciones VIII y IX del artículo 35 constitucional, estableciendo que la solicitud de revocación podrá realizarse del 1 de octubre al 31 de diciembre posteriores al segundo año de gestión presidencial para celebrar la consulta el primer domingo de junio, coincidiendo así con las elecciones intermedias. Actualmente, la revocación está establecida para celebrarse el primer domingo de agosto.
El documento argumenta que separar los ejercicios de democracia directa de los ordinarios ha resultado “ineficaz y costoso”, sosteniendo que la baja participación en consultas previas justifica el cambio. Durante la primera revocación de mandato, en 2022, se registró apenas 17.7% de participación frente al 52.6% alcanzado en las elecciones intermedias de 2021, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por ello, el texto subraya que el número de casillas instaladas influye directamente en la participación ciudadana:
“Si se hubieran instalado el mismo número de casillas en la Consulta Popular de 2021 y en la Revocación de Mandato de 2022, la participación habría crecido”.
La discusión y probable aprobación de la reforma está prevista para el lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas en la Comisión de Puntos Constitucionales.
No obstante, la oposición advierte que esta medida podría poner en riesgo la equidad y la transparencia del proceso electoral, con posibles beneficios para el partido oficialista al aparecer el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta podría movilizar su base electoral.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, acusó a Morena de intentar un “albazo legislativo”, señalando que la discusión del dictamen se realiza de manera apresurada y sin que se haya publicado una convocatoria oficial en la Gaceta Parlamentaria, lo que evidencia la “opacidad en el procedimiento”.
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