El Senado de la República se volvió tendencia nacional después de que el medio REFORMA exhibiera a la senadora Juanita Guerra, del PVEM, siendo atendida en el salón de belleza que estaba clausurado desde 2018, pero que fue reabierto en secreto hacía un año, de acuerdo con la propia senadora.
La oficina, ubicada en el segundo piso y que solía pertenecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), funcionaba en un horario de 7:00 a 14:00 horas durante los días de sesión para realizar servicios de maquillaje, corte de cabello, peinados o tintes. Contaba con espejos, sillas, área de espera, un lavabo y una cosmetiquera, pero no con algún anuncio o señalamiento por fuera que indicara los servicios que se ofrecían al interior.
De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, era un servicio privado que las senadoras pagaban por propia cuenta –aunque los productos que utilizaban los compraba la Cámara Alta-, además de que justificó su existencia al ser un “servicio necesario” que también se podía encontrar en la Cámara de Diputados.
Diversas fuentes señalaron a REFORMA que el salón era usado por legisladoras de Morena, PT y PVEM, mientras que legisladoras de la oposición negaron conocer su existencia. La senadora panista Lily Téllez incluso solicitó a la Mesa Directiva esclarecer los fundamentos legales para su instalación al interior del recinto.
La difusión del material inició un debate en redes sociales, acusando a los legisladores de no cumplir con sus obligaciones a pesar de los altos salarios y beneficios que reciben, como viajes, múltiples asesores y comida. También reprocharon que Morena había prometido deshacerse de los privilegios del Senado en 2018, cosa que no sucedió. Otros usuarios recriminaron que el salón lleva existiendo muchos años, además de que antes sí era financiado por el erario.
REFORMA también documentó que el salón fue habilitado nuevamente por la senadora Andrea Chávez, quien de inmediato negó esa versión y aclaró que ella “se peinaba en casa” con una Dyson, una marca de secadoras cuyos precios están arriba de los 10 mil pesos, lo que también generó críticas por parte de los usuarios.
Tras la polémica, personal del Senado clausuró el lugar ayer durante la tarde, pero por la mañana del jueves los sellos de clausura ya no se encontraban en la puerta.
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