Cómo las democracias utilizan modos autocráticos para silenciar al periodismo. Por: The Economist.

La política populista, la corrupción y la presión sobre los medios críticos se refuerzan mutuamente

Por: The Economist

En noviembre de 2024, se derrumbó una marquesina en una estación de tren serbia, causando la muerte de 16 personas. La causa más probable de la mala ejecución de la obra fue la corrupción. Estallaron enormes protestas y los periodistas independientes informaron sobre ellas.

Algunos fueron entonces apaleados por matones mientras la policía miraba. A la mitad los golpearon los propios agentes. En 2025 se produjeron al menos 91 agresiones físicas a periodistas en Serbia, según la Asociación de Periodistas Independientes del país. Rara vez se castiga a los agresores, lo que “anima a que se cometan nuevos delitos contra periodistas”, afirma Jelena Petkovic, especialista local en seguridad de los medios.

Serbia presenta todos los elementos propios de una democracia. No encarcela a los periodistas por lo que escriben. Sin embargo, de muchas otras formas dificulta su trabajo y su vida, a menos que respalden al gobierno.

KRIK, un medio de investigación que suele destapar casos de corrupción en el gobierno serbio, ha recibido más de 30 demandas en los últimos años, de las cuales 17 siguen activas, según explica el editor, Stevan Dojcinovic. Tiene que pasar hasta cinco días al mes en los tribunales. Los medios oficiales le acusan de trabajar para la CIA y para George Soros, un magnate judío. Se han difundido fotos falsas en las que aparece con un jefe criminal, además de imágenes íntimas reales difundidas con la intención de avergonzarle. “El coste personal ha sido enorme”, afirma.

Mientras tanto, todas las cadenas de televisión terrestre están controladas por el Estado o en manos de allegados al presidente populista de derechas, Aleksandar Vucic, así que dicen lo que él quiere. Zoran Kusovac, consultor de medios, cuenta que una amiga se divorció de su marido, editor de televisión, en parte porque estaba harta de las llamadas nocturnas de Vucic.

En todo el mundo, la libertad de prensa está en retroceso. Según un índice elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización de vigilancia, la puntuación global ha caído desde 2014, pasando de 67 sobre 100 (donde está actualmente Estados Unidos) a menos de 55 en 2025 (tan bajo como Serbia). «Por primera vez en la historia del Índice, las condiciones para ejercer el periodismo son “difíciles” o “muy graves” en más de la mitad de los países del mundo y satisfactorias en menos de uno de cada cuatro», señala RSF. Otros observan una tendencia similar. Los datos de V-Dem, un proyecto de investigación con sede en Suecia, apuntan a que la media mundial ha empeorado desde 2004, pasando de 0,66 (en una escala de 0 a 1) a 0,49, aproximadamente la diferencia que existe hoy entre México y la India nacionalista hindú.

El mayor retroceso no se está produciendo en dictaduras, donde el periodismo de verdad lleva mucho tiempo siendo casi imposible, sino en lugares que aún presumen de ser democráticos. Normalmente, los gobiernos de estos lugares no intentan suprimir por completo las críticas. Más bien, alteran los incentivos para quienes informan, de modo que la gente corriente escucha abundantes elogios hacia el partido gobernante y apenas alguna tímida voz disidente de vez en cuando. El objetivo es mantener a los poderosos en el poder y reducir el control sobre cómo abusan de él.

Un análisis de ‘The Economist’ encuentra fuertes vínculos entre la censura de los medios y la corrupción
Un análisis de The Economist ha encontrado fuertes vínculos entre la censura de los medios y la corrupción. Al examinar 80 años de datos de unos 180 países recopilados por V-Dem, observamos que una reducción de la libertad de prensa en un país era un claro indicador de que la corrupción en ese país empeoraría posteriormente. Esta relación se mantenía incluso después de corregir por los niveles de corrupción pasados y actuales, los cambios en los ingresos y las tendencias globales.

Esto es algo más que una simple coincidencia de hechos negativos. Nuestro análisis es temporal: examina si un cambio en una variable predice de manera fiable un cambio futuro en otra. En la jerga estadística, esto se denomina “causalidad de Granger”, y encontramos numerosos casos

En ausencia de una prensa incisiva, resulta más fácil para los funcionarios malversar fondos sin ser detectados o cerrar acuerdos favorables sin oposición. La relación estadística es considerable: todo lo demás igual, se prevé que un país donde la libertad de prensa se deteriore del nivel de Canadá al de Indonesia experimente un descenso hacia la corrupción equiparable a que Irlanda se convierta en Letonia.

Y parece que existe un círculo vicioso: un aumento de la corrupción también es un buen indicador de que, posteriormente, la libertad de los medios se reducirá, quizá porque quienes tienen mucho que ocultar encuentran aún más motivos para silenciar a los periodistas incómodos. “Si informamos sobre corrupción… a nuestros periodistas les hacen doxxing (revelar públicamente información personal sobre un individuo u organización)”, cuenta Wahyu Dhyatmika, director ejecutivo de Tempo, un semanario de Indonesia. A uno le enviaron la cabeza de un cerdo; otros han recibido decenas de pedidos de comida no solicitados, una muestra de que los poderosos sobre los que informan saben perfectamente dónde pueden encontrarlos.

Estos bucles de retroalimentación agravan los daños, lo que significa que el coste total de las malas políticas solo se percibe de forma gradual. Las instituciones tienen inercia: según nuestro modelo, de media se tarda unos cuatro años desde que se producen restricciones mediáticas hasta que se hace evidente la mitad del aumento final de la corrupción. Un dirigente puede silenciar la prensa hoy, pero es posible que los votantes no adviertan el consiguiente repunte de malas prácticas hasta después de las próximas elecciones.

Otra dinámica es que, a medida que disminuye la libertad de prensa, las élites son menos propensas a ofrecer justificaciones razonadas para sus políticas. Y esto, también, tiende a ocurrir antes de que aumente la corrupción. Esto encaja con el auge del populismo en todo el mundo, un movimiento que se apoya más en la emoción que en la razón. Los líderes populistas suelen intentar debilitar los controles institucionales sobre su propio poder, incluidos los medios de comunicación; y esto abre la puerta a la corrupción y el abuso.

En conjunto, nuestro análisis estadístico demuestra que la política populista, la corrupción y la presión sobre los medios críticos no solo van de la mano, sino que se refuerzan mutuamente. Los gobiernos que amordazan a la prensa hoy gobernarán peor mañana.

Muchos países están siguiendo este camino peligroso. Un “gran cambio que hemos visto en los últimos años es la adopción por parte de países supuestamente democráticos de muchas de las técnicas que tradicionalmente hemos observado en regímenes autoritarios”, afirma Jodie Ginsberg, directora del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización de vigilancia. Estas técnicas no suelen llegar a encarcelar o asesinar periodistas. Más bien, tienden a encuadrarse en tres categorías principales: retórica, legal y económica.

El truco retórico consiste en fingir que los periodistas críticos representan una amenaza para la nación. Los regímenes autocráticos llevan mucho tiempo usando esta táctica; ahora también lo hacen muchos líderes elegidos democráticamente. Vucic califica las informaciones desfavorables de “terrorismo puro”. El presidente de Argentina, Javier Milei, repite la consigna “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Los partidarios del partido gobernante en la India llaman a los reporteros críticos “presstitutas”.

Donald Trump publicó recientemente que era “sedicioso, quizás incluso traición” que el New York Times publicara informes “falsos” para “calumniar y desprestigiar al presidente de los Estados Unidos”. Añadió: “Son verdaderos enemigos del pueblo y deberíamos hacer algo al respecto”. La Casa Blanca publica una lista de “medios infractores”, en la que señala a periodistas concretos a los que acusa de mentir, actuar de manera poco ética o de “delirio izquierdista”.

Una retórica tan insólita por parte de un presidente estadounidense agrava un ambiente ya de por sí hostil para los periodistas. La confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación está en mínimos históricos, según Gallup. Solo el 8% de los republicanos en Estados Unidos confía en que los medios informen de manera justa o precisa, frente al 33% en 2007, el año en que se lanzó el iPhone, marcando el inicio de la era del contenido incendiario

El lenguaje belicoso desde las altas esferas incita a turbas digitales a acosar a periodistas, sobre todo mujeres
La demonización de los periodistas por parte de Trump erosiona el tabú que impedía que otros políticos hicieran lo mismo, afirma Ginsberg. “El manual de Trump está siendo adoptado por líderes de todo el mundo”, coincide Thibaut Bruttin, responsable de RSF.

El lenguaje belicoso desde las altas esferas puede incitar a turbas digitales a acosar a periodistas. Son las mujeres periodistas quienes sufren más las consecuencias: un estudio global de la Unesco reveló que el 75% ha recibido ataques en línea y el 42% ha soportado acoso o amenazas de violencia en persona. Cuando se preguntó a las víctimas quién había iniciado los abusos, la respuesta más habitual, después de señalar a autores anónimos, fue “actores políticos”.

En casi todas las democracias, la libertad de expresión está consagrada en la legislación. Por tanto, debería ser difícil que los gobiernos utilicen el derecho penal como herramienta contra los periodistas. Sin embargo, están encontrando vías alternativas. Una de ellas es recurrir al derecho civil. En los últimos años se ha producido un aumento en Europa de demandas abusivas presentadas por magnates con el objetivo de arruinar a periodistas incómodos o lastrar a medios de comunicación. Un informe de 2023 contabilizó más de 800 casos, señalando que esto solo “rascaba la superficie del problema”. Trump ha adoptado esta estrategia, demandando a ABC, la BBC, CNN, The New York Times y otros, reclamando en ocasiones miles de millones de dólares en indemnizaciones.

Otra artimaña consiste en aplicar a las empresas de medios de comunicación leyes que nada tienen que ver con el periodismo. En septiembre, el gobierno de Turquía tomó el control de Can Holding, un conglomerado que incluye canales de televisión, acusándolo de evasión de impuestos y blanqueo de capitales. En Tanzania, donde la presidenta Samia Suluhu Hassan asumió el cargo en 2021 prometiendo reformas liberales, varios periodistas han sido detenidos por “traición” mientras cubrían unas elecciones flagrantemente amañadas en octubre.

Al acusar a los periodistas de delitos comunes, los gobiernos pueden difundir la idea de que no son dignos de confianza. También pueden intimidar a otros hasta llevarles a la autocensura. «La parte que siempre resulta difícil de medir son las historias que no se llegan a escribir o las preguntas que no se llegan a formular por miedo», explica Ginsberg.

La tecnología digital ha cambiado el significado de ser periodista, permitiendo que cualquiera con un teléfono difunda imágenes impactantes a una audiencia potencialmente global. Los regímenes autoritarios ven esto, con razón, como una amenaza y han respondido con leyes de internet redactadas de forma ambigua que pueden utilizarse como armas contra los críticos. Varios gobiernos prohíben la difusión de “noticias falsas”, que en algunos lugares equivale a cualquier declaración que el gobierno niegue. Una nueva ley en Zambia penaliza la “divulgación no autorizada” de “información crítica”, que se define como cualquier dato que “tenga relación con la seguridad pública, la salud pública, la estabilidad económica o la seguridad nacional”.

Un índice elaborado por Freedom House, un centro de estudios estadounidense, revela que la libertad en internet ha disminuido a nivel mundial durante quince años consecutivos. No se trata solo de que los regímenes autoritarios desconecten internet durante protestas —como ocurrió en Irán en enero— o durante elecciones —como en Uganda el mismo mes—. En el último año, la mitad de los dieciocho países que antes estaban considerados digitalmente “libres” (de un total de setenta y dos evaluados) han dejado de serlo en cierta medida. A nivel global, el deterioro más constante en estos quince años se ha producido en el indicador que mide “si las fuentes de información en línea son manipuladas por el gobierno u otros actores poderosos”. Muchos recurren a la inteligencia artificial para crear noticias falsas a favor del gobierno en sitios web falsos que simulan ser medios de comunicación conocidos.

La última categoría de coerción, la económica, es especialmente poderosa porque los gobiernos disponen de mucho dinero y las empresas mediáticas, por lo general, no. En 160 de los 180 países analizados por RSF, los medios de comunicación pueden alcanzar la estabilidad financiera “con dificultad” o “en absoluto”.

En Indonesia, la calidad del periodismo ha empeorado en los últimos cinco o seis años “principalmente por la presión financiera”, afirma Dhyatmika, de Tempo. La publicidad institucional va destinada a medios afines al gobierno. Los grandes anunciantes privados evitan los medios críticos, por temor a incomodar a los políticos. No “consideran Tempo una marca segura porque hacemos periodismo de investigación”.

Cuando donantes u organizaciones no gubernamentales apoyan a medios independientes, los gobiernos aprueban leyes contra los “agentes extranjeros” para restringirlos, una táctica perfeccionada por Putin. Otro truco consiste en conseguir que empresarios afines compren y domestiquen medios críticos.

Cuando varias de estas técnicas de silenciamiento mediático se combinan, el efecto puede resultar abrumador. En India, la democracia más grande del mundo, los periodistas tienen en principio libertad para informar sobre lo que deseen. Sin embargo, aquellos que tratan de sacar a la luz los abusos del gobernante Bharatiya Janata Party, de ideología nacionalista hindú, se enfrentan a una avalancha de obstáculos. Abhinandan Sekhri, director de Newslaundry, un grupo de noticias digital con sede en Delhi, afirma haber recibido cerca de 80 notificaciones oficiales en los últimos cuatro años informándole de que él o su empresa están siendo investigados por presunta evasión fiscal. Medios afines al gobierno demandan a Newslaundry por “difamación” y “vulneración de derechos de autor” cuando critica su parcialidad. Los funcionarios de Hacienda registran sus oficinas. La policía se presenta para interrogar a Sekhri: una vez durante seis horas; otra, durante trece.

Sekhri es difícil de intimidar. Dice que puede seguir haciendo su trabajo porque no tiene nada turbio en su vida, no tiene esposa ni hijos de los que preocuparse, es hindú y procede de una familia acomodada, por lo que conoce a abogados que le defenderán gratis. Aun así, defenderse le resulta agotador. Y la mayoría de periodistas son mucho más vulnerables a las presiones de lo que lo es él.

Los más expuestos no son “los perfiles conocidos de Delhi”, afirma Sekhri; se trata de quienes “destapan los tejemanejes turbios de algún gurú local en una aldea pequeña”. Algunos de estos gurús pueden ser vengativos. Jagendra Singh, que escribió sobre los supuestos vínculos entre un político de Uttar Pradesh y la llamada “mafia de la arena”—que roba camiones enteros de arena de terrenos públicos para venderla a empresas cementeras—, murió a causa de quemaduras tras una visita policial. La policía declaró que fue un suicidio.

El periodismo independiente sobrevive en la India en medios digitales como The Wire y The Caravan, así como en redes sociales y YouTube. Sin embargo, cada periodista se enfrenta a una disyuntiva: elegir entre una vida de penurias y peligros por contar la verdad, o una de seguridad económica y física elogiando al gobierno.

Casi todas las personas entrevistadas para este artículo señalaron el cambio de actitud hacia la libertad de prensa en la Casa Blanca. El ecosistema mediático estadounidense es lo suficientemente sofisticado y plural como para afrontar la situación, pero la política estadounidense también repercute en países donde el periodismo es más precario. Orkhan Mammad, editor de Meydan TV, un medio independiente de Azerbaiyán, un corrupto Estado petrolero en el Cáucaso, afirma que el presidente, Ilham Aliyev, solía liberar a presos políticos debido a la presión de Estados Unidos. Pero este año esa presión ha desaparecido, lamenta Mammad; la familia Trump tiene lazos empresariales con la élite azerbaiyana, y Aliyev, hábilmente, le ha respaldado para recibir el premio Nobel de la Paz.

“Cuando Trump volvió al poder en 2025, Aliyev lo cerró todo. Unos cien periodistas huyeron o están en la cárcel. Nos dimos cuenta de que ya no podíamos trabajar con nadie dentro del país. Para ellos era demasiado peligroso.” Afirma que las tácticas de Aliyev son “horribles”. “Cada vez que detienen a alguien, tiene que entregar su teléfono y su ordenador. Después, el Gobierno publica fotos personales que encuentra en sus dispositivos.”

Estados Unidos solía financiar cientos de medios independientes en países con libertades civiles precarias. Trump congeló esa financiación, dejando a Meydan y a muchos otros medios tocados. “Tenemos que ver cómo pagamos los gastos legales de nuestros compañeros, la comida, las necesidades básicas dentro de la cárcel”, señala Mammad. En agosto, un hombre contratado por Meydan para llevar suministros a los periodistas encarcelados fue detenido por “contrabando de dinero”.

La vida se ha vuelto tan difícil para los periodistas independientes en algunos países que muchos, como Mammad, trabajan desde el extranjero. En una conferencia de exiliados de este tipo en Kuala Lumpur, el ambiente era sombrío. Los asistentes expresaban su preocupación por las dificultades de informar a distancia. Es complicado recopilar información y los teléfonos pueden no ser seguros.

Desde el escándalo del software espía Pegasus en 2021, cuando se descubrió que los dispositivos de muchos periodistas estaban intervenidos con un software israelí, ha sido difícil convencer a los filtradores para que hablen con la prensa. “Una fuente me dijo: ‘Ahora entiendo por qué mi mujer perdió su empleo en el gobierno’”, recuerda Nelson Rauda, un periodista salvadoreño cuya teléfono fue hackeado.

Ni siquiera el exilio es siempre seguro. Varios regímenes acallan a sus críticos desde la distancia. Irán contrató a un sicario en Nueva York para intentar asesinar a Masih Alinejad, una periodista iraní defensora de los derechos de las mujeres. Bielorrusia secuestró un avión de pasajeros para capturar a Raman Pratasevich, un editor disidente, en 2021. Desde entonces, según cuenta Mammad, todos los periodistas exiliados temen que desvíen sus vuelos. En cuanto a Pratasevich, tras pasar dos años bajo custodia, ahora elogia la dictadura corrupta que lo secuestró.