La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 46 personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como altos exfuncionarios estatales.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a 21 personas y 25 entidades que, según la dependencia, lideran o colaboran con las operaciones del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, «El Mayito Flaco», así como integrantes de su círculo cercano, líderes de células con presencia en Tijuana, operadores financieros y presuntos colaboradores políticos.
De acuerdo con la investigación, la ciudad de Mexicali fue identificada como el principal centro de operaciones de Los Rusos, célula perteneciente a «La Mayiza», donde, según las autoridades, funcionarios del gobierno estatal permitieron el funcionamiento del grupo criminal con impunidad. Entre esos acusados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres y su hermano, Luis Alfonso Torres.
Las autoridades estadounidenses señalan a Carlos Torres como un operador político aliado de Juan José Ponce, «El Ruso», líder de Los Rusos, a quien presuntamente habría facilitado sus actividades y protegido de acciones gubernamentales y de seguridad. Estas acusaciones derivaron en la revocación de su visa estadounidense en mayo de 2025.
Asimismo, la OFAC acusó a Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, de recibir sobornos de «El Ruso» a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico y poner recursos de la policía municipal al servicio de la organización criminal. Según la investigación, Mendívil también habría realizado pagos a Carlos Torres para garantizar la operación del cártel en la entidad, los cuales fueron recibidos por Luis Alfonso Torres y posteriormente blanqueados mediante empresas —también sancionadas— y campañas políticas.
Finalmente, las autoridades incluyeron a Rafael Buenrostro, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno de Baja California. De acuerdo con la OFAC, Buenrostro mantenía una relación cercana con José Ángel Rivera, presunto operador del Cártel de Sinaloa detenido recientemente en la Ciudad de México, y habría utilizado su influencia política para favorecer a la organización.
Como parte de las medidas, el Departamento del Tesoro ordenó el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales que los sancionados posean en Estados Unidos o que se encuentren bajo el control de personas estadounidenses. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a todas las personas físicas y morales sancionadas por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas, como medida preventiva tras detectar operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
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