La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 1° de septiembre una reforma que modificará el mandato presidencial de 6 a 7 años, además de prohibir la participación de opositores en las elecciones. La reforma, al ser de índole constitucional, necesita la aprobación de dos legislaturas diferentes, por lo que estaría entrando en vigor hasta 2027.
La reforma fue impulsada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, quien informó que la segunda ronda de votación será en enero próximo.
Ortega ya había adelantado en julio sus planes de perpetuarse en el poder desapareciendo las elecciones para evitar que la oposición, a la que acusó de estar impulsada por Estados Unidos, tome el control del país y sirva a los intereses extranjeros. Por ello, a finales de mes, envió esta propuesta para ampliar nuevamente el mandato presidencial y excluir a los opositores de participar.
El texto enviado al Parlamento, un periodo presidencial de siete años garantizaría «estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables».
Asimismo, el gobierno justifica que el «futuro democrático y libre, solidario, complementario, cristiano, creativo, próspero y profundamente humano» requiere ordenarse conforme a la “urgencia y los plazos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza”.
Por lo mismo, la reforma también contempla ampliar las titularidades de otros funcionarios electos y de los jefes de la policía y el ejército.
En cuanto a la participación de opositores, se prohibirá a “los traidores a la patria” ser candidatos a cargos de elección. Por “traidores a la patria” se entiende a todo aquél que ejerza o haya ejercido la dirección, liderazgo o participado de cualquier forma en intentos de golpe de Estado o en un golpe de Estado consumado, así como aquellos que incurran o hayan incurrido en “actos que menoscaben la independencia” de Nicaragua, como la solicitud de intervención extranjera o la organización de bloqueos o sanciones contra el país o sus ciudadanos con financiamiento extranjero.
De ser aprobada, sería la segunda ampliación de mandato para Ortega y Murillo —quienes ya habían cambiado en enero de 2025 de cinco a seis años el periodo presidencial— y se mantendrían en el poder hasta noviembre de 2028, cuando el periodo iniciado en 2021 por Ortega llegue a su fin.
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