
México se abstuvo de votar a favor por la propuesta de Estados Unidos en la asamblea del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para convocar a una reunión de cancilleres que analice la crisis política en Nicaragua, derivada de la posibilidad de que el presidente Daniel Ortega cancele las elecciones.
El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, argumentó que la situación en el país centroamericano no constituye una amenaza para la paz ni para la seguridad regional, y advirtió que catalogarla de esa manera podría otorgar al organismo facultades que excedan sus atribuciones y sean incompatibles con principios como la soberanía nacional.
Una caracterización en ese sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización al abordar asuntos internos de un Estado y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias, consagrados en la Carta de la OEA, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirmó.
Encinas sostuvo que abordar una crisis política interna como un asunto de seguridad no necesariamente contribuye a resolverla; por el contrario, señaló que podría generar confrontación, aislamiento y desestabilización, además de propiciar medidas que dificulten una salida pacífica del conflicto. En cambio, propuso realizar consultas y analizar las “acciones apropiadas” planteadas por Estados Unidos antes de convocar a una reunión de cancilleres.
Asimismo, consideró que la situación que atraviesa Nicaragua corresponde a una crisis política y de derechos humanos, no de seguridad, como se ha planteado dentro de la OEA.
No obstante, el Consejo Permanente del organismo aprobó la propuesta con 29 votos a favor y uno en contra de Brasil, además de la abstención de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de Encinas y aclaró que la abstención de México no representa una postura a favor o en contra del gobierno de Nicaragua ni de la situación política del país, sino una defensa del principio de autodeterminación de los pueblos establecido en la Constitución mexicana.

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