El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará una iniciativa en el Congreso de la Unión para garantizar el derecho de réplica durante las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de “democratizar el diálogo circular y terminar con el monopolio de la verdad oficial”.
Jorge Romero, dirigente nacional del partido, señaló que un espacio gubernamental no debe utilizarse para difundir propaganda ideológica o atacar a sectores de oposición sin pruebas más que “el comentario inquisidor” de la presidenta. Como ejemplo, mencionó el caso del exgobernador Ernesto Ruffo, a quien, aseguró, desde las conferencias se le ha señalado como culpable pese a que su proceso legal aún no concluye.
Por ello, como contrarrespuesta a la reforma de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias promovida por el Gobierno federal, el PAN impulsará tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados una iniciativa para garantizar que las personas señaladas desde Palacio Nacional puedan acceder a un espacio de réplica.
Romero acusó que la propuesta del Gobierno se trata de una “censura disfrazada” que afectaría la libertad de expresión y de difusión. Asimismo, argumentó que, si las autoridades buscan garantizar su derecho de réplica en medios de comunicación privados, los ciudadanos y los sectores opositores también deberían acceder al mismo derecho cuando desde Palacio Nacional se difunda información que consideren falsa o tendenciosa.
El dirigente panista sostuvo además que las conferencias matutinas no deberían financiarse con recursos públicos cuando son utilizadas “para perseguir y descalificar a quienes piensan distinto”.
Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada panista, afirmó que el derecho de réplica debe ser inherente a cualquier espacio, independientemente de que se trate de un medio de comunicación o de un espacio de poder. Asimismo, consideró que el espacio de réplica oficialista conducido por Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo, no debería existir pues “quien tiene el derecho de réplica es el ciudadano, no el político”.
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