El Senado de la Nación Argentina aprobó en lo general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, la cual causó controversia por establecer jornadas de hasta 12 horas.
La Ley de Modernización Laboral fue presentada en diciembre pasado y, tras trece horas de debate, fue aprobada el 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para ser ratificada.
La legislación introduce modificaciones al régimen laboral vigente desde principios de los 1970, con 213 artículos distribuidos en 122 páginas. Entre sus principales cambios se encuentran:
- Jornada de trabajo y horas extra: se mantienen las 48 horas semanales, pero se habilitan jornadas diarias de hasta 12 horas con la incorporación de la figura del “banco de horas”, lo que permite que las horas trabajadas por encima del límite legal puedan compensarse con descansos durante las jornadas en otros días en vez de pagarlas con recargos del 50% o 100%. También se fraccionarán los periodos vacacionales de acuerdo con las necesidades de producción, favoreciendo a las empresas.
- Cálculo de indemnizaciones por despido: conceptos como aguinaldo, vacaciones y bonificaciones quedan excluidos de la base de cálculo, lo que reduce el monto final que recibe el trabajador si es despedido sin causa. Asimismo, se contempla la posibilidad de pagar esas indemnizaciones en cuotas. También se prevé la creación gubernamental de un Fondo de Asistencia Laboral, lo que fomentaría el despido al ya no ser las empresas las que liquiden a sus trabajadores.
- Derecho de huelga y negociación colectiva: se limita el derecho de huelga al decretar más sectores como esenciales, obligando a mantener niveles mínimos de servicio.
- Pago de salarios: se contempla la posibilidad de realizar el pago de salarios en monedas extranjeras o en especie –alimentos, alojamiento o servicios-, siempre y cuando haya acuerdo entre ambas partes. También se permite condicionar el salario de acuerdo con la productividad.
El Gobierno y sectores empresariales celebraron la Ley como un avance para modernizar el mercado laboral argentino, fomentar la contratación formal y estimular la inversión privada. El mandatario argentino la calificó como un “punto de inflexión” para destrabar la burocracia y actualizar un sistema que, según su administración, está desfasado frente a las nuevas dinámicas productivas.
Por el contrario, gremios sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), analistas y organizaciones de derechos humanos han tachado la reforma de precarizadora, acusándola de eliminar los derechos históricos conquistados por los trabajadores en décadas de lucha, protegiendo y fortaleciendo al sector empresarial por sobre los trabajadores.
Las protestas frente al Congreso y en calles aledañas -que derivaron en enfrentamientos con las autoridades y más de 15 detenidos- reflejaron el descontento social pues, lejos de generar empleo formal, la flexibilización excesiva permitida a las empresas podría incentivar la creación de contratos y condiciones laborales precarias o fomentar la informalidad en vez de revertirla.
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