La difusión de un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, provocó un nuevo enfrentamiento entre Morena y la oposición, luego de que la mandataria reconociera haber sostenido conversaciones con personas que se presentaron como intermediarios externos del FBI.
Sheinbaum y Morena cierran filas
Desde el oficialismo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no sacar conclusiones anticipadas sobre el contenido de la grabación y sostuvo que no existe evidencia de que la mandataria estatal haya entregado información confidencial o cometido alguna irregularidad. Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad es una práctica habitual en las entidades fronterizas.
Desde la Cámara de Diputados, al ser cuestionado por el tema, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, señaló que él considera que en el audio no se puede intuir delito alguno y que fue un “gesto honorable” haber reconocido la autenticidad de la llamada.
Reiteró que los gobernadores no tienen acceso a la información sobre seguridad nacional, por lo que no considera propio que la mandataria solicite licencia para separarse del cargo. En contraste, recordó el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien tampoco dejó el cargo cuando fue señalada por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en la entidad.
En cambio, acusó que la mandataria fue víctima de espionaje ilegal y que debe denunciar dicha acción.
Cuando una persona está sometida a espionaje ilegal, es probable que existan más audios. Ella debe aclarar lo que considere pertinente, pero también denunciar penalmente a quienes realizaron esas intervenciones”, sostuvo.
Por parte de Morena, la dirigente nacional Ariadna Montiel, rechazó que sea un caso de injerencismo —como asegura sí ocurrió en Chihuahua— y que son dos situaciones completamente diferentes. Expuso que Campos permitió la participación de agentes estadounidenses y la ocultó a las autoridades federales hasta que se hizo público, mientras que Ávila se encuentra tratando la revocación de su visa.
Son dos cosas muy distintas, porque por un lado hay agentes de la CIA interviniendo en acciones de seguridad, sin convenio, sin conocimiento del gobierno de México y por el otro lado hay un diálogo que hemos conocido y que la gobernadora ha aclarado… no vulnera ningún elemento de seguridad nacional”, expresó.
Oposición exige investigación
La oposición, en contraste, exigió una investigación para esclarecer el origen y alcance de los contactos revelados en la llamada.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados y militante del PAN, afirmó que, «por decisión ética personal», la gobernadora de Baja California debería solicitar licencia para permitir que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
La legisladora sostuvo que el presunto compromiso de compartir información confidencial en materia de seguridad con autoridades estadounidenses a cambio de recuperar su visa constituye una situación grave, especialmente cuando la entidad enfrenta altos índices de violencia.
«No se trata de especular ni de prejuzgar; se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde inicia el ejercicio de una responsabilidad pública. Por eso la gobernadora de Baja California debe fijar una posición pública y responder con claridad», señaló.
López Rabadán explicó que la separación del cargo debería obedecer a una decisión ética, ya que, al pertenecer al partido con mayoría en el Congreso —que además ha cerrado filas en su respaldo—, consideró poco probable que la Cámara de Diputados impulse algún procedimiento en su contra, ya sea una solicitud de licencia o un juicio político.
Por su parte, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, aseguró que el caso ya no se limita al estatus legal de la gobernadora frente a Estados Unidos, sino que representa un asunto de seguridad nacional. Además, cuestionó que Morena mantenga un discurso cuando los señalamientos recaen sobre la oposición y otro distinto cuando involucran a funcionarios de sus propios gobiernos.
«Este episodio es una muestra más del profundo deterioro institucional que vive el país y de un gobierno que ha debilitado la soberanía del Estado mexicano al permitir que el crimen organizado amplíe su influencia en distintas regiones del país. Cuando el gobierno pierde el control frente a la delincuencia y las dudas recaen sobre sus propias autoridades, lo que está en juego ya no es un caso aislado, sino un tema de seguridad nacional», sostuvo.
Marina del Pilar reconoce el audio
En la grabación de una llamada, difundida de primera mano por el periodista Héctor de Mauleón, se escucha a la gobernadora hablando sobre la posibilidad de compartir información derivada de las mesas de seguridad en las que participa de la mano con autoridades federales, expresando preocupación por un eventual proceso de extradición a territorio estadounidense y hace referencia a las sanciones impuestas por Washington, como la revocación de su visa.
Tras la difusión del material, Marina del Pilar confirmó la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que el diálogo se dio en el marco de la cooperación institucional que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir a la delincuencia.
Indicó que las personas con quienes habló se identificaron como agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos, pero nunca acreditaron formalmente esa representación y que al plantear escenarios legales sin documentación, identificaciones o requerimientos oficiales que no los respaldaran, les informó que cualquier asunto de esa naturaleza debe tratarse bajo las vías legales e institucionales correspondientes.
Aseguró que “se encuentra tranquila” y en disposición a aclarar cualquier requerimiento que hagan las autoridades competentes.
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