Por Kevin Martínez
La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, en medio de protestas de productores agrícolas y señalamientos de la oposición por un presunto “fast-track” legislativo. Con 28 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, la propuesta avanzó al pleno para su discusión y votación, pese a llamados para aplazar el debate.
La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, expresó su desacuerdo con acelerar el trámite y modificar el orden del día, aunque reconoció que, si la mayoría lo decide, deberá proceder. Desde la oposición, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que el proceso legislativo avanza sin cumplir la consulta a pueblos originarios que exige la Constitución y señaló que la falta de diálogo podría generar incertidumbre jurídica.
El dictamen incorpora más de 50 cambios respecto a la iniciativa original y, según Conagua, responde a demandas de organizaciones campesinas. Entre las modificaciones destaca el reconocimiento al derecho de heredar concesiones previa reasignación de la autoridad, aunque se mantiene la prohibición de transmitirlas entre particulares. Este punto generó molestia entre agricultores, quienes afirman que afecta el valor de sus tierras y sus derechos históricos de agua.
La nueva ley propone un modelo basado en tres ejes: recuperar la rectoría del Estado, evitar la especulación y el acaparamiento, y garantizar el derecho humano al agua. Entre las medidas se incluye crear un Registro Público de Agua Nacional, evitar cambios no autorizados en los usos del recurso y eliminar concesiones acaparadas sin uso, con el fin de asegurar un acceso más equitativo.
El dictamen también ajusta el marco sancionador. Las penas por el llamado “huachicol del agua” se reducen de diez a cinco años de prisión, y se incorporan nuevos delitos, como corrupción, acaparamiento y desvío ilícito del recurso. Asimismo, se establece un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para atender a comunidades con menor acceso.
Aun con estos cambios, organizaciones de productores mantienen su rechazo, argumentando falta de claridad sobre los nuevos procedimientos y el riesgo de perder certidumbre jurídica. Con el dictamen ya turnado al pleno, se anticipa un debate de alto impacto político, dada la relevancia del agua como recurso estratégico y el alcance de la reforma en sectores productivos y comunidades rurales del país.
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