El gobierno de San Luis Potosí rechazó contratar al consultor político estadounidense Roger Stone, exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para brindar servicios de estrategia política o comunicación al gobernador Ricardo Gallardo.
A través de un mensaje publicado en Facebook, el titular de la administración estatal aseguró que la información difundida en diversos medios y redes sociales es falsa y sostuvo que no existe ningún contrato, convenio o relación laboral con el estratega político ni con alguna empresa vinculada a él.
La controversia surgió luego de que el medio Reforma publicara que la administración de Gallardo habría destinado recursos públicos para contratar a Stone, quien participó en las campañas presidenciales de Donald Trump en 2016 y 2024 y es considerado uno de los principales estrategas del movimiento conservador en Estados Unidos, además de haber logrado el indulto del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en 2024.
De acuerdo con el medio, el supuesto contrato, por un monto de 375 mil dólares (alrededor de 7 millones de pesos), fue suscrito bajo el concepto de “relaciones públicas”. Además, el gobierno habría firmado otro convenio por la misma cantidad con Diana London, socia de Stone. Su labor consistiría en asesorar e incluso representar a San Luis Potosí en su relación con funcionarios estadounidenses en asuntos de comercio y desarrollo económico; sin embargo, la administración estatal se habría reservado el derecho de modificar el alcance y la naturaleza de la asesoría.
La acusación llegó solo unos días después de que The New York Times publicara un artículo donde aseguraba que existían funcionarios mexicanos colaborando como informantes del gobierno de Trump.
Esta mañana, Ricardo Gallardo aseguró que dicha información es falsa y acusó un intento de sacar raja política previo a las elecciones del próximo año.
«Es completamente falso que tenga un contrato firmado con alguna compañía americana […] Es lamentable que se especule con la información para dañar la imagen y tratar de cambiar las tendencias electorales rumbo a 2027.”, escribió el mandatario.
Después de que el gobernador desmintió la acusación, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina. Señaló que la consultoría internacional no está prohibida y es justificable en ciertos casos, pero subrayó la diferencia entre asesorías técnicas y políticas.
Hay algunos otros casos donde se puede contratar a una consultoría internacional, es decir, no está prohibido. Ahora, en el caso de consultorías para asuntos políticos, pues es distinto, ¿no? Tampoco está prohibido, pero habla cuando se llega a hacer una contratación de este tipo, pues de cuál es la visión del gobierno y con quién está haciendo estos contratos”.
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