Edwin Donayre, general del Ejército de Perú en retiro y que buscaba una candidatura al Senado bajo el partido Progresemos, no podrá participar en las elecciones debido a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, perteneciente al Jurado Nacional Electoral (JNE), que declaró improcedente su candidatura por la sentencia firme por peculado de cinco años que cumplió de 2019 a 2024.


A pesar de que Progresemos emitió una apelación bajo el argumento de garantizar el derecho a la participación política, el JEE Lima Centro 2 aplicó la Ley 30717, que impide la postulación de condenados por corrupción, aunque ya hayan cumplido su condena.
“Al encontrarse ante el impedimento legal al momento de la postulación, corresponde declarar improcedente la candidatura del ciudadano Edwin Alberto Donayre Gotzch, quien postula al cargo de Senador para la circunscripción electoral único nacional, en la posición 03 en aplicación estricta del artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (modificado por la Ley 30717) y del principio de legalidad que rige el sistema electoral”, se lee en la resolución.

Edwin Donayre dejó su cargo en el Congreso en 2019 en medio de un desafuero por las polémicas que lo rodeaban respecto al “gasolinazo”, un conjunto de casos de robo de combustible por parte del Ejército en los que resultó participante durante 2006, cuando ocupaba la comandancia de la Región Militar Sur.
Progresemos buscó apelar después de que Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, fuera aprobado para la candidatura presidencial incluso después de haber sido acusado de pertenecer a la supuesta organización criminal “Los saqueadores de Ilabaya” y condenado por ello de 2005 a 2008.
“Hace bien el Pleno del JNE en dejar en manos del soberano expresarse en las urnas y otorgar o no su confianza a los candidatos que logren conseguir la confianza de los electores”, se lee en la apelación.
Sin embargo, el Jurado Nacional Electoral estableció “por criterio de conciencia” que el impedimento para postular a condenados por corrupción y terrorismo será de 10 años desde que se cumpla la pena. Es decir, no será automática tras cumplir con los años de prisión como fue el caso de Donayre, sino que deberá transcurrir una década.
De abril a octubre de 2019, Edwin Donayre se mantuvo prófugo de la justicia y fue hasta su captura el 31 de octubre que comenzó a cumplir su condena de cinco años y seis meses de prisión que terminó durante el último trimestre de 2024.

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