Diputados del PAN y el PRI denunciaron un intento de aprobar de manera exprés la minuta de reformas a la Ley de Amparo, tras acusar que la mayoría morenista intenta dar un “albazo legislativo” al convocar audiencias públicas inusualmente rápidas para los días 10, 11 y 13 de octubre y condicionar los plazos para el registro y la participación, lo que no dejaría espacio para que los interesados puedan aportar argumentos y que dejaría completamente fuera a la ciudadanía de zonas rurales y acceso limitado a medios digitales.
Una de las críticas proviene de Federico Döring, diputado del PAN, quien sostiene que bajo el discurso de mejora legal se busca más bien debilitar el derecho ciudadano al acceso a la justicia.
“Así como están tratando los derechos de los mexicanos y de los que quieren venir a opinar, y así como incumplen y violan todo procedimiento legislativo, así van a querer atropellar a todos los que piensan distinto cuando hagan valer sus derechos, a través de lo que quede del muy menguado, famélico y muy extinto del juicio de amparo, con motivo de estas marranadas legislativas de la mayoría artificial de Morena”, expresó.
Por su parte, Rubén Moreira, líder del Grupo Parlamentario del PRI, alertó que este procedimiento relámpago no respeta los acuerdos establecidos en comisiones previas y apuntó a posibles influencias desde el Poder Ejecutivo o asesores jurídicos en Palacio Nacional.
“Se trata de un mandato que viene desde el poder, y cuando se debilita el amparo se debilita a las personas, a los individuos y a los colectivos, y se fortalece el autoritarismo. Para lograr eso se está construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas y ejemplos, y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema”.
Además, el diputado priista Emilio Suárez Licona advirtió que al debilitar el juicio de amparo se vulneraría una protección fundamental frente al abuso de autoridad.
El trasfondo legal que preocupa a la oposición es que la reforma propuesta incluiría disposiciones que podrían dificultar obtener suspensiones en amparos, así como imponer garantías financieras previas para que los ciudadanos puedan litigar, especialmente en casos fiscales ante el SAT. Lo anterior, afirman, fortalece más al Estado que a la protección de los derechos individuales de personas y pequeñas empresas.
En respuesta, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió el proceso afirmando que no existe tal “albazo”. Dijo que las audiencias públicas han sido contempladas dentro del calendario parlamentario, que los plazos se respetan conforme a la ley y que habrá mecanismos para incorporar ponencias ciudadanas mediante un micrositio digital. También compartió el plan del proceso:
Morena, por su parte, defiende que no hay albazo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que las audiencias públicas fueron contempladas dentro del calendario parlamentario, que los plazos se respetarán conforme a la ley y que habrá mecanismos para incorporar ponencias ciudadanas por medio de un sitio web. Añadió que las comisiones analizarán la minuta el lunes 13 con el tiempo debidamente necesario y el Pleno podría tratarla el martes 14 de octubre.
“No hay albazo, qué madruguete hay, si ya está muy explorado el tema de qué se trata y todo el mundo sabe que es una ley importante, que a nosotros nos interesa y que vamos a darle el tiempo prudente para su análisis o discusión”, afirmó.

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