La Fiscalía General de la República (FGR), a través del Fiscal Especial de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que la solicitud de extradición por presuntos delitos de narcotráfico que envió el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya-y nueve exfuncionarios de primer nivel- carece de pruebas, por lo que iniciará una investigación para determinar si existen elementos que permitan atender la solicitud de extradición.
“El Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país. De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, explicó el Fiscal Especial.
Adelantó que la solicitud del propio gobierno de Estados Unidos establece que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para no divulgar la información relacionada con este caso.
“La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida”
Explicó también que con el caso de gobernadores y senadores, la ley mexicana establece la necesidad de iniciar un juicio de procedencia para retirar el fuero que ostentas las personas en estos cargos.
“Por otra parte, la legislación mexicana refiere que, en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos”, concluyó.
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