El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma electoral que permitía anular las elecciones cuando se acreditara la intervención del crimen organizado en cualquier etapa del proceso electoral. La disposición fue impugnada por Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este 29 de septiembre resolvió invalidar parte de la reforma.
El máximo tribunal declaró procedentes las acciones de inconstitucionalidad e invalidó la disposición que contemplaba la anulación de una elección por intervención del crimen organizado, así como aquella que establecía sanciones para candidatos o partidos políticos que recibieran beneficios, principalmente económicos, de grupos criminales.
En su resolución, la Corte ordenó al Congreso de Chihuahua armonizar la legislación local con la normativa federal, la cual contempla la nulidad de las elecciones únicamente por intervención o injerencia extranjera. La adecuación deberá realizarse antes del 1 de octubre, fecha en que inicia el proceso electoral local.
Asimismo, el Pleno restituyó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) sus facultades para interpretar la legislación electoral, luego de que la reforma aprobada por el Congreso limitara esa atribución al establecer que sus resoluciones debían apegarse estrictamente al contenido de la ley.
Un día antes de la resolución, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, difundió un video en el que pidió a las y los ministros mantener vigente la reforma, al sostener que surgió como respuesta a situaciones registradas en entidades como Sinaloa, donde, afirmó, el crimen organizado decide quién puede competir y quién gana las elecciones.
«No fue una ocurrencia. Fue una respuesta a lo que hemos visto pasar en nuestro país: estados enteros donde el narcotráfico decide quién se registra, quién compite, quién gana, como en Sinaloa. Donde la gente vota, sí, pero la elección ya está decidida por quien tiene las armas«, declaró.
La mandataria afirmó además que se trataba de una reforma inédita en el país. «En Chihuahua hicimos lo que ningún otro estado del país se había atrevido a hacer: establecer en nuestra ley que una elección se anula si en ella interviene el crimen organizado, y que no puede competir quien tenga vínculos con la delincuencia».
Campos también señaló que la iniciativa fue rechazada por los once diputados locales de Morena, quienes posteriormente promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Los legisladores argumentaron que la reforma vulneraba el principio de presunción de inocencia al permitir señalar a una persona candidata por presuntos vínculos con la delincuencia organizada sin un procedimiento judicial previo que acreditara esa conducta.
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