El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a ocupar la presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen fue avalado en lo general y particular con 86 votos a favor de Morena y aliados y 42 en contra de la oposición, por lo que fue enviado a los congresos locales para continuar con el proceso constitucional de entrada en vigor.
La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con los que se establece que las personas que busquen alguno de estos cargos deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatas.
En caso de tener una segunda nacionalidad, los aspirantes deberán renunciar a ella y acreditar que el vínculo jurídico con el otro país quedó extinguido. Además, la reforma plantea restricciones sobre el uso de documentos de identidad extranjeros y el ejercicio de derechos derivados de otra ciudadanía mientras se ocupa el cargo.
Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron que la reforma busca fortalecer la soberanía nacional y establecer mayores requisitos para quienes aspiren a gobernar el país o una entidad federativa.
Óscar Cantón, de Morena, aseguró que el dictamen no elimina derechos políticos ni cancela ninguna nacionalidad, sino que busca evitar “tentaciones, ambiciones y traiciones” contra el pueblo de México, refiriéndose a episodios históricos como los gobiernos de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz.
A él se sumaron María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Lizeth Sánchez del Partido del Trabajo (PT), quienes aseguraron que la iniciativa “no criminaliza a los inmigrantes”, sino que busca proteger la soberanía nacional ante los intereses extranjeros ya existentes.
Por el contrario, legisladores de oposición acusaron que la reforma podría limitar los derechos político-electorales de personas mexicanas con doble nacionalidad, particularmente de integrantes de comunidades migrantes o de quienes nacieron en el extranjero, pero han vivido toda su vida en México. Señalaron que la modificación podría poner en duda su lealtad al país y generar segregación basada en un “grado de mexicanidad”.
Posteriormente, los senadores Clemente Castañeda de MC, Maki Esther Ortiz del PVEM y el senador sin grupo parlamentario Manlio Fabio Beltrones, presentaron reservas al dictamen que fueron rechazadas por el Pleno.
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