Del imputado al mártir: el lawfare como combustible electoral

@JaviSanchezGlez

En la política contemporánea, un proceso judicial ya no es el fin de la carrera de un líder. Puede ser el comienzo de una narrativa imbatible. Lejos de retirarse, muchos dirigentes han aprendido a capitalizar la persecución —real o percibida— como estrategia. El lawfare, entendido como el uso instrumental de la justicia para dañar al adversario político, ha mutado. Hoy, es también una herramienta de comunicación política. Y cuando se maneja con destreza, puede transformar al imputado en mártir, y al acusado en vencedor.

Esto no significa que todos los procesos judiciales sean inventados, ni que todas las defensas sean honestas. Significa que, en un entorno de polarización intensa y desconfianza institucional, el terreno judicial ya no es solo legal: es narrativo. La justicia se ha convertido en un escenario más del combate político, y en ese teatro, la victimización se ha vuelto una forma de liderazgo.

Trump, Lula, Kirchner, Sánchez: mártires en campaña

El caso más paradigmático es el de Donald Trump. Enfrentando múltiples procesos judiciales por diversos delitos —desde obstrucción de justicia hasta intento de revertir el resultado electoral de 2020—, y sin embargo, volvió a ser elegido presidente. Lejos de debilitarlo, sus comparecencias judiciales reforzaron su vínculo con las bases. “No me están persiguiendo a mí, están persiguiendo al pueblo”, repitió Trump durante toda su campaña, y convirtió cada citación en un mitin, cada acusación en un eslogan, cada juicio en una epopeya contra “el sistema”. La estrategia fue clara: la justicia no es independiente, es el brazo armado del deep state.

En el sur del continente, Luiz Inácio Lula da Silva ofrece un relato de redención aún más eficaz. Estuvo preso 580 días por corrupción en el caso Lava Jato, en una causa que luego fue anulada por irregularidades procesales. Su retorno al poder fue, en parte, fruto de una construcción simbólica poderosa: Lula no había sido vencido, había sido crucificado. Y como todo líder que sufre injusticia, regresó más fuerte. El mensaje fue claro: “Me sacaron por la vía judicial porque no podían derrotarme en las urnas”.

Un ejemplo más sofisticado es el de Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria argentina ha convertido cada acusación judicial en un capítulo de su relato de resistencia. A sus seguidores no se les pide que duden de la existencia del lawfare: se da por hecho. En sus discursos, habla de “una mafia judicial”, de “fiscales que arman causas con los medios”, y de una justicia que no representa a nadie salvo a los intereses de poder. Lo esencial no es negar las acusaciones, sino enmarcarlas en una lucha más grande. Ella no es simplemente una acusada, sino una víctima de los que “no toleran que el pueblo viva mejor”.

Un caso reciente y revelador es el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante la primavera de 2024, en plena ofensiva mediático-judicial contra su esposa por supuestas gestiones de influencia sin pruebas sustanciales, Sánchez ejecutó una maniobra inédita en la política europea: detuvo su agenda institucional durante cinco días para decidir si debía dimitir. El gesto desconcertó al tablero político, pero desde el punto de vista narrativo fue una jugada maestra.

En un país acostumbrado a la sobreactuación escandalosa diaria, donde los medios conservadores llevan años alimentando la sospecha permanente —desde Venezuela hasta la salud mental del presidente—, el líder socialista convirtió el ataque en un giro dramático. No respondió con tecnicismos, sino con emocionalidad: apeló al desgaste personal, al límite moral, al derecho a la dignidad. “Hasta aquí”, dijo. Y con esa pausa, logró que el país escuchara de nuevo.

La operación tuvo múltiples capas: victimización personal, movilización emocional del electorado progresista, y desgaste de una oposición atrapada en su propia narrativa de hipérbole permanente. Al anunciar que seguiría, tras el clamor ciudadano y una oleada de apoyo social inesperada, Sánchez no solo sobrevivió: reforzó su autoridad, desplazó el foco del caso, y reposicionó su liderazgo con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza.

Desde entonces, su estrategia ha sido doble: mostrar temple institucional mientras señala con claridad la existencia de una “máquina del fango” —concepto tomado del periodista italiano Umberto Eco— que conecta ciertos sectores judiciales, mediáticos y políticos. No ha hecho falta probar una conspiración: ha bastado con instalar la percepción de un acoso inédito e intolerable.

Sánchez no se presenta como víctima de un juicio penal, sino como víctima de una estrategia tóxica que usa el lawfare de baja intensidad: el ruido, la sospecha, la mancha, la filtración. En lugar de desmarcarse o rectificar, ha optado por politizar el conflicto: ha hecho de la agresión hacia su entorno una herramienta para cohesionar a su base, reconfigurar el eje del debate público, y denunciar un deterioro de la convivencia democrática.

¿Qué tienen en común estos líderes?

Cada uno con su estilo y contexto, pero todos han entendido algo clave: las emociones mandan más que los expedientes. Y en la era de la política emocional, la imagen de víctima genera adhesión, empatía e identidad.

Tres pilares sostienen esta estrategia:

1. Un enemigo reconocible. Jueces, medios, fiscales, el establishment. Se construye un adversario externo con poder difuso pero intenciones claras: “quieren silenciarme”, “quieren sacarme de circulación porque no pueden derrotarme con votos”.
   
2. Un relato emocional. No se trata de debatir técnicamente, sino de dramatizar: “Me atacan porque represento algo”, “Esto no es un juicio, es una persecución ideológica”. La ciudadanía deja de analizar si el hecho es cierto o falso y pasa a preguntarse si “es justo o no”.
   
3. Una comunidad movilizada. No es una defensa individual, es una batalla colectiva. Los líderes refuerzan la idea de que “si caigo yo, caemos todos”, convirtiendo su situación judicial en un símbolo de algo más profundo: la resistencia frente al abuso.
   

El riesgo: saturación o cinismo

Esta estrategia puede ser eficaz a corto plazo, pero tiene un límite. En algunos casos, produce saturación: cuando todo el mundo es víctima, el ciudadano se desconecta. En otros, genera cinismo: si todos los líderes dicen ser perseguidos, ¿a quién creerle? Como ha señalado la politóloga Pippa Norris, en su estudio sobre la confianza democrática (Cultural Backlash, 2019), el desgaste de las instituciones no siempre beneficia a los ciudadanos: puede dejar campo libre al populismo o la antipolítica.

Además, hay un peligro estructural: que la justicia pierda toda autoridad simbólica. En sociedades donde cada fallo judicial es interpretado como una conspiración, se rompe la confianza mínima que sostiene el contrato democrático. En ese escenario, ya no importa la verdad jurídica. Solo importa quién tenga el relato más potente.

Una nueva teoría: la paradoja del mártir

Podemos hablar aquí de una “paradoja del mártir político”. En un ecosistema de ruido constante, ser acusado debilita institucionalmente, pero puede reforzar electoralmente. Los viejos marcos de análisis ya no funcionan. Antes, estar imputado era sinónimo de dimisión, retirada, bochorno. Hoy, en ciertos contextos, puede ser la gasolina de la campaña.

Esta paradoja se alimenta de la desafección democrática, la polarización informativa y el auge de líderes que no dependen de los medios tradicionales. De hecho, muchos de estos mártires modernos comunican directamente a través de TikTok, Instagram o podcasts, donde el mensaje llega sin filtros ni matices. En este nuevo ecosistema, el juicio ya no se libra en los tribunales: se libra en la atención pública.

Conclusión: ni ángeles ni demonios

No se trata de canonizar a los acusados ni de demonizar a los jueces. Se trata de entender un fenómeno político real que afecta a campañas, candidatos y democracias. La estrategia del mártir es efectiva, pero no exenta de riesgos. Es capaz de movilizar masas y reforzar liderazgos, pero también puede deslegitimar instituciones y fomentar el relato del “todos son iguales”.

Para los estrategas y consultores políticos, el desafío es doble: cómo construir un relato de defensa sin caer en el victimismo vacío, y cómo combatir a un rival que usa la justicia como escudo sin parecer cómplice de una cacería.

La pregunta clave no es si el lawfare existe o no. Es cómo lo perciben los ciudadanos. Y mientras el relato sea más fuerte que la sentencia, el juicio que importa no es el judicial, sino el electoral.