Alfonso Ruvalcaba define la diputación federal que ocupa como una responsabilidad diaria en la que defiende, a la par de los suyos, los intereses y derechos de miles de mexicanas y mexicanos. Para ello, se mantiene cerca de la ciudadanía mediante las principales redes sociales, así como de manera presencial, lo que le permite conocer de primera mano a la gente a la que representa y, a su vez, informarles de manera clara lo que hace por ella.
Considera que la situación actual del país, con lo que llamó una “democracia debilitada”, ha llevado a un descontento generalizado tanto en instituciones como en políticos y los partidos a los que pertenecen.
Sabe que el verdadero cambio vendrá cuando el país demuestre verdadero interés en lo que pasa y decida sumarse a las luchas que, él como diputado, realiza desde tribuna. Para ello, considera fundamental la constante comunicación entre legisladores y ciudadanos: “Cuando la ciudadanía entiende lo que está en riesgo, despierta; cuando entiende lo que le afecta, se involucra; y cuando entiende que no está sola, participa”, comentó para Campaigns and Elections.
¿Qué es lo que más te apasiona de ser legislador/a?
Lo que más me apasiona de ser legislador es defender a México, a las y los ciudadanos, nuestras libertades y nuestra autonomía. Ser legislador, para mí, no es un título, es una responsabilidad diaria de alzar la voz cuando algo es injusto y de frenar cualquier reforma que ponga en riesgo nuestros derechos. Y lo hago informado, con argumentos y sin miedo a decir las cosas como son. Cada vez que este gobierno ha presentado una reforma que lastima a la gente o que concentra el poder, ahí he estado, dando la batalla. Eso es lo que me mueve, saber que desde la tribuna puedo defender lo que miles de personas sienten, pero no siempre pueden expresar.
¿Cómo afrontar el reto de ser legislador/a en una sociedad donde la mayoría desconoce con claridad las funciones o beneficios que trae a su vida diaria el trabajo que ustedes realizan?
Empezar por algo básico: estar cerca de la gente. No se puede representar lo que no se conoce, y por eso es fundamental caminar las calles, escuchar de primera mano las preocupaciones reales y entender qué les duele y qué les urge. Cuando estás en contacto directo con la ciudadanía, puedes convertir esas voces en causas y esas causas en iniciativas concretas.
También es clave comunicar de forma clara y sencilla. La política no puede quedarse en términos técnicos o debates encerrados en el Congreso, tiene que traducirse a la vida diaria. Por eso, es importante explicar, en tierra y con ejemplos, cómo una ley mejora la seguridad, facilita trámites, protege derechos y evita abusos.
¿Cómo haces para comunicar esas acciones y que llegue el mensaje a la ciudadanía?
Para que la gente realmente se entere del trabajo legislativo, es necesario comunicar en varios frentes. El más importante sigue siendo el contacto directo: recorrer las colonias, tocar puertas y explicar, de manera sencilla y sin rodeos, qué se está haciendo y cómo eso impacta la vida diaria. Esa comunicación cara a cara genera confianza y permite aclarar dudas en el momento.
Al mismo tiempo, hoy las redes sociales son una herramienta imprescindible. A través de lives, reels, videos cortos y contenido accesible, se puede llegar a públicos que quizá nunca asistirían a un evento presencial, especialmente las y los jóvenes. Las plataformas digitales permiten informar de manera inmediata, transparente y con un lenguaje que cualquier persona pueda entender.
Desde la perspectiva legislativa, ¿cómo describirías el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum?
Claramente destructivo para las instituciones que tanto tiempo nos llevó construir. Pero no solo es mi perspectiva, es la de muchos mexicanos que han visto cómo se debilita la autonomía de los organismos que deberían regular el poder. Lo hemos visto en los intentos de controlar al INE, en las reformas que ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial y en decisiones que reducen la fuerza de los órganos autónomos.
No son señales aisladas, forman un patrón. Un patrón que concentra poder, que limita los contrapesos y que erosiona los espacios donde la democracia respira. Y esa no es una apreciación técnica: es una realidad que se siente en la vida pública, en la falta de pluralidad y en la presión constante sobre las instituciones que deberían servir a la ciudadanía, no al gobierno.
En tu opinión, ¿cuál ha sido la reforma más relevante impulsada durante esta administración y por qué?
El conjunto de reformas que fue denominado como “Ley Espía”, justamente por la gravedad de lo que implica. Esta ley abre la puerta para que el gobierno tenga acceso prácticamente irrestricto a los datos más sensibles de todos: información biométrica como huellas, rostro, iris y voz, así como datos médicos, fiscales, bancarios, de telecomunicaciones y geolocalización, todo concentrado en una sola Plataforma Única de Identidad. Y lo más delicado, permite que instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia entren a esa información sin controles judiciales claros. Eso no es seguridad, eso es vigilancia masiva.
Diversos expertos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y hasta colectivos de buscadoras lo han dicho: esta ley representa una amenaza directa a la privacidad, a la identidad y a la libertad de expresión, y abre la puerta a abusos que pueden usarse contra opositores, activistas, periodistas o cualquier ciudadano. Y no es un temor exagerado, ahí está el ejemplo de Venezuela, donde sistemas como estos terminaron convirtiéndose en herramientas para silenciar a la gente.
Por eso me planté en tribuna, porque esta reforma no solo concentra datos, concentra poder. Y cuando un gobierno tiene en sus manos toda la información biométrica y personal de millones de personas sin contrapesos, lo que está en riesgo no es un trámite administrativo, lo que está en riesgo son nuestras libertades.
¿Consideras que las reformas propuestas en materia electoral y judicial fortalecen o debilitan la democracia mexicana?
Debilitan la democracia en México. No fortalecen los contrapesos y dejan al país con instituciones más vulnerables y con menos capacidad para limitar abusos de poder.
En el caso de la reforma judicial, el impacto ha sido especialmente grave. Cambiar la lógica de la carrera judicial y llevar a jueces y magistrados a procesos de elección con tintes políticos pone en riesgo su independencia. Lo vimos en la práctica, participación ciudadana muy baja, irregularidades señaladas por distintos observadores y dudas sobre la legitimidad del proceso. Cuando quienes imparten justicia dependen de campañas, votos y popularidad, dejan de depender de su preparación, su trayectoria y su imparcialidad. Y eso afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para actuar como un verdadero contrapeso.
Diversos expertos, organizaciones de Derechos Humanos, académicos y analistas coincidieron en lo mismo: esta reforma no garantiza justicia más cercana ni eficiente, sino jueces más expuestos a presiones políticas y menos protegidos frente a injerencias del poder. Sin independencia judicial no hay defensa de derechos, no hay límites claros al gobierno y no hay equilibrio democrático.
En materia de seguridad y justicia, ¿qué reformas consideras urgentes o pendientes para mejorar la situación del país?
Lo más urgente no es seguir aprobando leyes “bonitas”, sino garantizar que tengan presupuesto real para cumplirse. Un ejemplo claro es la reciente Ley General de Extorsión, sobre el papel representa un avance importante, reconoce un problema enorme y plantea nuevas obligaciones, protocolos y estrategias. Pero una ley no se aplica sola. Si no hay recursos humanos, técnicos y financieros, todo queda en discursos.
De nada sirve decir que se va a proteger a las víctimas si no existen refugios, personal capacitado, atención psicológica ni programas serios de reparación del daño. De nada sirve crear nuevas fiscalías especializadas si no tienen presupuesto para capacitarse, equiparse, supervisarse y operar con independencia. Y de nada sirve plantear nuevas estrategias nacionales si los municipios, que son la primera línea de respuesta, siguen abandonados y sin herramientas para enfrentar el delito.
Por eso, el tema central es el presupuesto. Si de verdad se quiere combatir la extorsión y fortalecer la justicia, se necesitan recursos etiquetados, suficientes y progresivos.
¿Qué reformas o iniciativas te gustaría impulsar en los próximos años para fortalecer la democracia y el desarrollo del país?
Recuperar los organismos autónomos, los fideicomisos, fondos y centros de investigación, como la Agencia Espacial Mexicana, de forma responsable, reconstruyéndolos con reglas claras, transparencia y supervisión para que funcionen para su propósito original. Muchos fideicomisos eran mecanismos vitales para el desarrollo científico, cultural y social: apoyaban investigación, proyectos de innovación, cultura y mecanismos de ayuda. Cuando el gobierno los desmanteló, en muchos casos los recursos se perdieron o se redirigieron.
Además, es urgente revertir la reforma judicial. Esa reforma debilita gravemente la independencia del Poder Judicial; al elegir jueces por voto popular, se corre el riesgo de que dependan más del apoyo político que de su preparación. Organismos como Human Rights Watch ya advierten que este modelo puede convertir a los juzgadores en leales al gobierno y socavar el contrapeso que necesitamos para proteger derechos.
Y también hay que echar atrás la reforma a la Ley de Amparo.
¿Consideras que el país avanza hacia un modelo más participativo o más centralizado de toma de decisiones?
Definitivamente, el país avanza hacia un modelo mucho más centralizado de toma de decisiones. Esto no empezó ahora; viene arrastrándose desde el sexenio pasado con la 4T, que ha construido un sistema donde cada vez menos voces deciden por todos.
La Reforma Judicial y varias de sus iniciativas buscan recentralizar el poder, debilitando contrapesos, organismos autónomos e instituciones que deberían servir como equilibrio entre fuerzas políticas.
Este tipo de proyectos no construyen un país más participativo; al contrario, nos llevan a un modelo donde las decisiones se toman desde arriba, sin escuchar a las instituciones, sin escuchar a los estados y sin dar espacio auténtico a la pluralidad. Es un camino que se parece cada vez más a sistemas autoritarios donde el poder se concentra y la democracia se reduce a un trámite.
México merece instituciones fuertes, no obedientes; contrapesos reales, no decorativos; y un gobierno que respete la participación, no que la sustituya por control político.
¿Cómo evalúas la percepción ciudadana con la implementación de las reformas hasta ahora?
Hoy veo un México que empieza a despertar, pero al mismo tiempo veo un México que sigue mostrando una profunda indiferencia frente a reformas que son fundamentales. Esta falta de interés viene del hartazgo, del cansancio social, del resentimiento y de la idea de que nada va a cambiar.
Por eso es tan importante darles difusión, hablar con la gente cara a cara, explicar con claridad y acompañar a jóvenes, familias y sectores vulnerables. Cuando la ciudadanía entiende lo que está en riesgo, despierta; cuando entiende lo que le afecta, se involucra; y cuando entiende que no está sola, participa.
Ese es mi compromiso: informar con claridad, ser cercano, caminar con la gente y defender lo que es justo. Defender sus derechos, las instituciones, la familia y a México. Ese ha sido mi trabajo y seguirá siéndolo.
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