
La Fiscalía del departamento de Santa Cruz, en Bolivia, emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó el país durante 13 años y ahora enfrenta acusaciones por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
De acuerdo con la agencia EFE, que confirmó la autenticidad del documento con una fuente cercana al ex mandatario, la orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye cargos por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, además de instigación pública a delinquir.
La investigación también vincula al exmandatario con las recientes protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones, encabezadas por campesinos de La Paz y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), contaron con el respaldo de grupos afines a Morales y derivaron en bloqueos carreteros en el occidente y centro del país.
Los bloqueos provocaron desabasto de alimentos, combustible y medicamentos, además de dejar 16 personas fallecidas —13 de ellas por la falta de atención médica oportuna— y pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de este mes por líderes cívicos de Santa Cruz, la principal región económica del país, y por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Además de Morales, también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quienes permanecen detenidos desde el pasado 6 de julio por su presunta participación en las protestas.
Morales permanece desde 2024 en su bastión político, el Trópico de Cochabamba, para evitar el cumplimiento de otra orden de aprehensión, esta vez por el presunto delito de trata agravada de personas. La Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad entre 2015 y 2016, cuando aún era presidente, a quien presuntamente habría embarazado.

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