La reciente iniciativa del gobierno federal, enfocada en regular los derechos de las audiencias mediante la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encendió alertas al ser interpretada por diversos sectores como una posible herramienta de censura para los medios de comunicación.
La ley, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y que actualmente se encuentra en consulta pública, contempla entre sus principales lineamientos que cada concesionario de radio y televisión cuente con la figura del “defensor de las audiencias”, responsable de recibir y atender las quejas presentadas por el público. Estas deberán resolverse en un plazo máximo de 20 días y podrían derivar en recomendaciones para los medios, así como en multas o sanciones por parte de la Comisión en caso de incumplimiento o reincidencia.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado en el que advirtió que intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios constituye una extralimitación que vulnera el artículo 6 de la Constitución, el cual garantiza la libertad de expresión y el derecho a difundir ideas e información.
Los magistrados sostuvieron que, durante años, los contrapesos constitucionales e institucionales han servido para mantener separado el ejercicio periodístico del poder político, por lo que imponer de manera unilateral mecanismos de control “vulnera el espíritu garantista del Estado de Derecho”.
“Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”, señalaron.
Por parte de la oposición, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira afirmó que representa un riesgo que el gobierno establezca criterios para determinar la veracidad de los contenidos difundidos por los medios, y que las nuevas obligaciones y el régimen de sanciones reflejan una actitud autoritaria. “La crítica, la opinión y el debate público no pueden estar sujetos al criterio de una autoridad política o administrativa”.
Del lado del Partido Acción Nacional (PAN), su vocero parlamentario, el diputado Federico Döring, acusó que los nuevos lineamientos solo servirán para “callar a los ciudadanos, para callar a periodistas, para callar a los medios de comunicación, para callar y ocultar la verdad”.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos constituyan un mecanismo de censura. Durante su conferencia matutina de este miércoles afirmó que el objetivo es hacer efectivos derechos ya reconocidos en la Constitución y garantizar que las audiencias cuenten con un mecanismo para presentar inconformidades cuando consideren que un medio difundió información falsa o inexacta.
Explicó que la regulación no busca definir los contenidos editoriales, sino asegurar el derecho a la información y fortalecer la relación entre los medios y sus audiencias. Reiteró que los defensores de las audiencias serán designados por cada concesionario, mientras que la Comisión Reguladora solo intervendrá cuando exista una inconformidad con la resolución o cuando el medio incumpla las recomendaciones emitidas.
Más historias
Partidos reaccionan a la suspensión de visa del hijo de AMLO
PAN definirá precandidato a la gubernatura de BCS el próximo 27 de agosto
IEEC aprueba registro de Somos México en Colima