La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que el organismo electoral enfrentaría riesgos institucionales en torno a la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo para la verificación de la integridad de las candidaturas en los siguientes procesos electorales.
Taddei aclaró que las responsabilidades del INE se limitan a la organización de elecciones y garantizar las condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia, por lo que “no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política”.
La funcionaria expresó que existen áreas de mejora en la propuesta de reforma, especialmente en la delimitación de las facultades que le corresponden a cada autoridad, pues el instituto no es un órgano ministerial ni judicial.
Asignarle al INE la validación de integridad de las candidaturas, advirtió, vulneraría su carácter de neutralidad: validar la integridad y calificar los antecedentes de las y los candidatos, así como investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con la delincuencia organizada, le corresponde únicamente a las autoridades de justicia, inteligencia y seguridad pública.
Si el marco legal obliga al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel de autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”.
Asimismo, la posible existencia de una comisión especializada dentro del INE no le resta responsabilidad a los partidos políticos, ya que les sigue correspondiendo la selección de sus candidaturas y su debida evaluación de perfiles.
Aunque el organismo electoral asumirá la responsabilidad en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado mexicano en lo que respecta combatir la infiltración de “intereses ajenos a la legalidad”.
Reiteró que el INE asume su compromiso de organizar elecciones elecciones “libres y auténticas”, pero también corresponde a cada autoridad involucrada ayudar a “preservar la confianza ciudadana e imparcialidad del sistema electoral”.
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