La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones. La reforma busca evitar abusos en la protección legal limitando el otorgamiento de suspensiones en litigios fiscales, delitos de delincuencia organizada, y en casos que frenen políticas públicas u obras de infraestructura.
La aprobación fue impulsada por las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que la oposición conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votó en contra, argumentando que la nueva regulación sobre el interés legítimo restringirá el acceso a la justicia constitucional para casos colectivos relacionados con medio ambiente, derechos indígenas, comunidad LGBTTTIQ+ y otros grupos vulnerables. En un intento de retrasar la aprobación presentaron mociones para regresar el dictamen a comisiones, y tras ser desechadas, acudieron a presentar 307 reservas que serán discutidas en lo particular.
Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados inició la discusión de las propuestas de modificación al dictamen que involucran principalmente ajustes en la redacción para enviarla posteriormente al Senado para su discusión final.
La principal modificación fue realizada por las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, quienes eliminaron el artículo 3° transitorio tras una solicitud realizada por la propia presidenta Sheinbaum. El artículo otorgaba retroactividad a la ley, y con esta modificación se asegura que los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor de la reforma continúen bajo la legislación vigente al momento de su inicio.
La reforma establece el concepto de «interés legítimo» para evitar litigios abstractos o carentes de sustento, es decir, que quien promueva un juicio de amparo debe mostrar una afectación real, actual y diferenciada, ya sea individual o colectiva. Al mismo tiempo, se amplió el plazo para dictar sentencia de 60 a 90 días y se reconoció el amparo digital como una medida para modernizar y agilizar los procesos judiciales relacionados.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma como un avance necesario para mejorar la administración de justicia en el país. Argumentó que este recurso había sido utilizado para demorar o impedir decisiones administrativas o fiscales, especialmente por parte de personas con suficientes recursos económicos que abusaban de este mecanismo para evadir responsabilidades fiscales.
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