Legisladores de Morena presentaron una propuesta para recorrer la elección judicial hasta junio de 2028, con el fin de garantizar mejores condiciones para el proceso, desde los requisitos para las candidaturas hasta la jornada electoral.
Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero, diputados del grupo parlamentario de Morena, así como los senadores Susana Harp y Javier Corral, fueron los encargados de presentar la propuesta de reforma a los artículos 74, 94, 95, 97, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 constitucionales bajo el argumento de detectar diversas irregularidades en la elección de 2025.
Los legisladores plantean mover la fecha de la elección a 2028 para que no coincida con el proceso electoral intermedio del próximo año, lo cual supondría grandes riesgos institucionales, tales como saturación informativa, voto desinformado, politización de las candidaturas judiciales, y presión tanto operativa como financiera sobre las autoridades electorales.
Asimismo, proponen trasladar la responsabilidad de la organización, la emisión de la convocatoria y el registro de candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), en lugar del Senado de la República, lo que permitiría despolitizar el proceso.
Se propone la creación de un Comité Único de Evaluación, que estaría integrado por un representante de cada nivel de poder y que será el encargado de revisar los perfiles, sustituyendo a los actuales comités separados.
En el caso de los candidatos, deberán contar con la acreditación de la Escuela Nacional de Formación Judicial mediante un examen de conocimientos diseñado por la propia institución y aplicado por universidades públicas. Asimismo, se exigirá un mínimo de diez años de ejercicio en la actividad jurídica, en lugar de limitarse a requisitos subjetivos como promedios académicos en materias afines al cargo o cartas de recomendación.
De manera puntual, de esos diez años de experiencia profesional, para cinco de los nueve ministros deberán ser cinco dentro del Poder Judicial, mientras que para el resto no será necesario.
También se amplían las prohibiciones, considerando ahora que ningún candidato a ministro podrá ser secretario, presidente municipal, militantes de partidos políticos ni haber desempeñado ningún cargo de dirección o representación estatal o nacional dentro de algún partido.
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