El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que se tienen abiertos 392 procesos de sanción levantados los últimos seis años contra partidos políticos, excandidatos y personas físicas y morales por irregularidades en el manejo de recursos, de acuerdo con lo presentado por el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Jaime Rivera, en el informe de sustanciación y resolución de los procedimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización del 2016 a 2025.
Los procesos no han podido ser resueltos en su mayoría por falta de información por parte de las autoridades para avanzar en las investigaciones. La mayoría datan de 2023 y 2024, periodo en el que se disputó la candidatura presidencial. Los casos están relacionados a entrevistas pagadas, publicidad, aportaciones y hasta posible desvío de recursos.
“Hay a la fecha, 392 procedimientos en trámite, de los cuales 177 se encuentran vinculados a informes anuales y 123 al Proceso Electoral 2023-2024. También hay ocho acatamientos pendientes de presentar a este Consejo General”, informó.
Las investigaciones implican casos de aparente mal uso de recursos públicos, irregularidades en la fiscalización de los informes anuales de partidos políticos que involucran a proveedores o por campañas electorales sin aclarar que implican a partidos y sus candidaturas.
Respecto a las solicitudes de información a las autoridades, Rivera señaló que el SAT atendió 201 solicitudes de 211, con 135 atendidas fuera del plazo de cinco días. La Unidad de Inteligencia Financiera ha atendido 12 de 13, 10 fuera del plazo de 15 días. En cuanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente fueron atendidas en un plazo de cinco días el 0.2% (16) de las 7 mil 948 solicitudes, mientras que el 54% (4292) con atrasos de 16 hasta 30 días.
La consejera Carla Humphrey, quien presidió la Comisión de Fiscalización hasta finales de agosto, resaltó el gran problema que significa para el INE que las autoridades no cumplan con los plazos legales de respuesta, insistiendo en que los mecanismos de colaboración entre ambas partes deben ser mejorados.
«Están obligadas a coadyuvar para una adecuada rendición de cuentas. Se requiere un esfuerzo en conjunto con distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre origen y destino de los recursos públicos y privados para poder corroborar el origen y destino del financiamiento que reciben los partidos políticos y personas candidatas en los plazos brevísimos propios de la materia«, indicó.
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